Una docena de clínicas privadas prestan servicios a la sanidad pública canaria con contratos vencidos desde hace dos años

Una docena de clínicas privadas siguen recibiendo pacientes de la sanidad pública canaria pese a que los contratos que daban cobertura a esas derivaciones vencieron hace dos años. Los conciertos de hospitalización de media estancia se formalizaron el 27 de diciembre de 2018 y preveían una duración de cuatro años sin posibilidad de prórroga, lo que implica que desde finales de 2022 esas adjudicaciones están caducadas. 

A pesar de ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no ha convocado los pliegos del nuevo concurso y mantiene esas derivaciones a la sanidad privada. Los servicios se facturan a través de expedientes de nulidad, un mecanismo excepcional que se usa en la administración pública para pagar servicios que se consideran esenciales y que, por lo tanto, se deben seguir prestando, pero que carecen de cobertura legal. En este caso, porque los conciertos sanitarios no están en vigor, porque han caducado. 

La Audiencia de Cuentas de Canarias ya advirtió en su último informe de fiscalización de que la mitad de los fondos destinados a los conciertos sanitarios en Canarias se abonaron a través de los procedimientos de nulidad y, por lo tanto, sin someterse a la normativa de contratos. En ese informe, que recogía datos de 2023, el órgano fiscalizador reprochaba a la Consejería de Sanidad que no hubiera incorporado personal a la unidad funcional de gestión de conciertos pese a haber formulado una propuesta para reforzar los medios.

También el Consejo Consultivo de Canarias ha venido censurando esa “irregular” forma de proceder de la administración autonómica, recordando que la declaración de nulidad de los contratos (el procedimiento para pagar los servicios sin cobertura legal) constituye “una vía excepcional y de aplicación restrictiva” y no puede ser utilizada como una “forma habitual de convalidar los contratos” al margen de “las pautas legalmente establecidas”. 

Se da la circunstancia de que los contratos de hospitalización caducados hace dos años habían puesto fin a los conciertos sanitarios que el Gobierno de Canarias mantenía desde la época franquista con prórrogas automáticas y, por tanto, al margen de la ley. Esos contratos se rubricaron en los años setenta, antes de que las competencias fueron transferidas desde el extinto Instituto Nacional de Salud (Insalud) a las comunidades autónomas. 

Fue en febrero de 2016 cuando la Consejería de Sanidad que entonces lideraba el socialista Jesús Morera creó un grupo técnico que tenía el cometido de renovar esos conciertos sanitarios para adaptarlos a la Ley de Contratos del Sector Público. Ese trabajo finalizó en 2018 con la convocatoria y posterior adjudicación del concurso. En aquel momento, el consejero era José Manuel Baltar, el gestor procedente de la sanidad privada a quien Fernando Clavijo (CC) había incorporado tras romper el pacto con los socialistas. 

Baltar se abstuvo de participar en el concurso de hospitalización de media estancia por haber estado vinculado justo antes de su nombramiento a una de las empresas que concurrieron, Hospitales San Roque, a la que regresó después. Por ello, la orden de adjudicación de los dos lotes del concurso no la firmó el consejero de Sanidad, sino el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, en su sustitución. 

Cerca de 900 camas y 167 millones de euros

Las empresas que se presentaron al concurso ofertaron 890 camas de hospitalización. Sanidad adjudicó todas. Esa cantidad se ha elevado hasta las 897 camas porque en 2021 el Servicio Canario de Salud (SCS) y uno de los licitadores, el Hospital San Juan de Dios de Tenerife, firmaron una adenda al contrato que incrementaba un 10% esas plazas, de 70 a 77. El importe íntegro de esos doce contratos por los cuatro años de duración ascendía a 166,5 millones de euros, a razón de 41,5 euros por ejercicio. 

En la isla de Tenerife, el grupo Hospiten, propiedad de la influyente familia Cobiella, acaparó una de cada tres plazas concertadas (95 de 284) a través de dos hospitales, Bellevue (en Puerto de la Cruz) y Hospiten Sur (Arona). En total, 19 millones de euros para los cuatro años previstos en el contrato. A la Clínica Quirón se le adjudicaron 99 camas por otros veinte millones; a San Juan de Dios, 70 (luego 77) por 14 millones y a Clínica Parque, 20 plazas por cuatro millones durante el periodo de vigencia máximo de los contratos.  

En la isla de Gran Canaria se dividió en dos lotes. El primero, para la derivación de pacientes con enfermedades de nueva aparición, reagudización o complicación de procesos de base, se repartió entre la Clínica Perpetuo Socorro (80 camas y 18 millones de euros); la Clínica Santa Catalina (68 y 15); La Paloma (66 y 14) y la Clínica San Roque (50 y 11). 

Por su parte, en el lote 2 de Gran Canaria, reservado para la derivación de pacientes en proceso de recuperación o rehabilitación que ya han superado la primera fase de la enfermedad y requieren cuidados de hospitalización, se adjudicaron 342 plazas entre tres clínicas. Con el Hospital Ciudad de Telde, que hasta ese momento había recibido derivaciones del SCS sin estar homologado, se contrataron 179 camas por 26 millones de euros. Con la Clínica Cajal, 114 plazas por 16 millones. Y con la Clínica San José, 49 por 7. 

La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico sobre el vencimiento de estos contratos y la convocatoria del nuevo concurso. 

Desde la Asociación de Hospitales y Clínicas Privadas de la provincia de Las Palmas señalan que, aunque ese concierto está caducado, los servicios continúan prestándose y se facturan mediante el procedimiento de nulidad. “No disponemos de información sobre la fecha de la nueva convocatoria”, explican desde esta asociación. 

Otros conciertos y revisión de precios 

Los conciertos de hospitalización de media estancia no son los únicos que se mantienen en Canarias una vez finalizado el periodo de vigencia de los contratos. Según la información publicada en la página web del Gobierno de Canarias, el tercer concierto de rehabilitación ambulatoria se firmó en febrero de 2018 y la última prórroga, en enero de 2023 por un plazo de un año. El último informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), una fundación que reúne a las principales empresas de la sanidad privada revela que Canarias gasta unos nueve millones de euros al año en fisioterapia concertada. En el Portal de Contratación del Estado no figura ninguna convocatoria sobre este servicio. 

La Consejería de Sanidad publicó a mediados del año pasado una orden tramitada por la vía de urgencia para actualizar los precios de los servicios concertados. Y en rehabilitación ambulatoria el incremento en algunos tratamientos era casi del 40%. Desde ese momento, por ejemplo, las sesiones para los dolores de cuello y espalda pasaron de costar 153 a 252 euros; las de hombro, de 329 a 407. Y la asistencia para las afecciones traumáticas en las extremidades aumentó en 100 euros por tratamiento, de los 325 a los 425 euros. 

Por otra parte, en julio de 2021 la Consejería de Sanidad adjudicó al Hospital Ciudad de Telde el contrato de rehabilitación neurológica para pacientes derivados del SCS con daño cerebral adquirido, con un gasto máximo autorizado de 889.020 euros por dos años. Ese convenio fue prorrogado en 2023 por un año, hasta el 31 de agosto de 2024, y no consta ninguna renovación posterior. El servicio, no obstante, se sigue prestando. 

El último concierto adjudicado es el de logopedia. Los contratos se formalizaron el pasado 5 de enero por un importe total de 7,5 millones de euros. En abril de 2023 se rubricó el concierto para la prestación de asistencia sanitaria especializada en el sur de Gran Canaria, con un plazo de tres años prorrogable por otros dos y un valor estimado de 104 millones.