Sinaloa, pendido de un hilo

Con presiones desde dentro y desde fuera, la administración estatal de Sinaloa, encabezada por Rubén Rocha Moya, se conserva únicamente por un hilo, ¿cuánto más se podrá sostener?

Han pasado casi cinco meses desde que estalló la ola de violencia en dicha entidad. Una que comenzó semanas después de la entrega y captura del capo El Mayo Zambada, y continúa hasta el día de hoy. Desde entonces, Sinaloa se ha convertido en un estado en guerra no declarada.

A pesar de los esfuerzos, el gobierno federal no la ha podido contener. Se han enviado a centenares de efectivos miliares sin éxito: desde el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fuerzas Especiales, hasta el secretario de Seguridad Ciudadana acudieron en apoyo.

Las tensiones bélicas entre facciones de grupos narcotraficantes han provocado más de 750 homicidios y cerca de 900 desapariciones. Entre los primeros, se encuentran civiles. Un caso específico que ha soltado la tensión desde dentro, es el asesinato de los menores Gael y Alexander junto con su padre Antonio, quienes durante la madrugada del último 19 de enero, fueron interceptados por un grupo armado en Culiacán en un intento de robo de vehículo.

Este suceso sirvió de detonante para la población sinaloense, pues días después del fallecimiento del padre de familia y sus dos hijos, habitantes de Culiacán marcharon por segunda ocasión vestidos de blanco para protestar contra la violencia del estado: “Queremos paz”; “A los niños no” y “fuera Rocha” fue parte de lo que se escuchó.

El enojo de la población se volteó hacia el gobierno: se han organizado marchas constantes en contra del gobernador, en donde se le pide que renuncie al cargo. En respuesta a ello, el lunes de la semana pasada, el todavía mandatario dijo que hay mecanismos legales para proceder o iniciar un proceso para que él salga de la gobernatura. Sin embargo, aunque eso es cierto, legalmente los ciudadanos no pueden destituirlo sin pasar por procesos que terminan por depender de la aprobación del Congreso Estatal, uno que tiene mayoría del partido gobernante y que ha declarado su respaldo a Rocha Moya – al igual que la presidenta –.

La situación en Sinaloa devela hartazgo ciudadano e imposibilidad de destitución del gobernador por un lado y presiones de Estados Unidos por el otro. Esa segunda conforma la presión “desde fuera”, pues son los vínculos de políticos de alto rango – como Rubén Rocha Moya – con carteles los que complican la relación binacional.

El respaldo que Rocha está recibiendo desde el gobierno federal y el congreso local, además de revelar redes subterráneas de poder, expone la falta de resultados de una verdadera estrategia de seguridad que pueda dar paz los habitantes sinaloenses.

A pesar del cambio en la política de seguridad del gobierno federal, sus resultados tomarán tiempo. Si bien la destitución del actual gobernador de Sinaloa no resolverá por completo la crisis de inseguridad y violencia en la entidad, al menos evitaría que se siga protegiendo a una persona que un cártel identifica como parte de otro cartel - lo cual genera parte de la violencia – y que ha sido señalada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Estas acusaciones provienen de declaraciones de El Mayo Zambada y se refuerzan con entrevistas y videos en los que el propio Rubén Rocha reconoce la necesidad de negociar con los grupos criminales.

Sigue siendo muy difícil explicar por qué Rocha Moya sigue siendo gobernador de ese estado con toda esta evidencia, con toda la violencia y con el gobierno estadounidense siendo estricto sobre lo que pasa en México entre la vinculación de políticos con cárteles.

La continuación de Rubén Rocha al frente de la gubernatura de esa entidad, se justifica únicamente mediante una influencia implícita y, por lo tanto, no contemplada en la ley. El estado y su gobierno penden de un hilo. ¿Se romperá?