Las cuentas de Abogados Cristianos: errores, retrasos y donaciones al alza para perseguir "ofensas a la religión"

El nombre de Abogados Cristinos lleva varios años de forma frecuente en los medios de comunicación y los tribunales por haberse autoerigido en defensores de la 'dignidad cristiana' y arremeter, vía juzgados, contra todas las personas que, a su juicio, han ofendido a la religión cristiana con sus acciones. Unas iniciativas que en los últimos tiempos se han multiplicado, buscando siempre además un notorio impacto mediático con el que reforzar sus denuncias judiciales. Detrás del nombre de Abogados Cristianos se encuentra una fundación radicada en Valladolid desde el año 2020 y que preside la letrada Polonia Castellanos, aunque en su web aseguran que se fundó en el año 2021 pese a que la inscripción es de febrero del año de la pandemia. Pero, ¿de dónde saca el dinero Abogados Cristianos para tanta denuncia?

Las fundaciones tienen seis meses desde que finaliza el año para aprobar las cuentas y remitir a la Junta de Castilla y León el inventario patrimonial de la Fundación, un balance de situación, su cuenta de resultados y una memoria de actividades. Sin embargo, a principios de 2025, las últimas cuentas presentadas por el patronato de la Fundación Abogados Cristianos correspondían a 2022. La Consejería de la Presidencia, responsable de las fundaciones, asegura que están dentro de los plazos habituales para subsanar las deficiencias que tuvieran las cuentas, siete meses después del plazo máximo legal.

Abogados Cristianos tiene actualmente 120 pleitos judiciales interpuestos entre todo el país, señalan en la web que usan para recaudar donativos, unos casos que fueron 71 en 2022 según su memoria. Una cuarta parte de ellos fueron procesos penales amparados por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que el Gobierno ha vuelto a prometer derogar para alinearse a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y evitar 'lawfare' religioso en los juzgados.

Según su memoria anual y sus cuentas, a las que ha accedido elDiario.es a través de una petición al Registro de Fundaciones, recibe donaciones de más de 5.000 personas y cuenta con más de 3.000 socios, aunque no ofrece detalle de sus aportaciones. Pero eso son las cifras de 2022, ya que las cuentas de 2023 no se encuentran todavía disponibles en el Registro de Fundaciones de Castilla y León porque las relativas a ese año todavía están en trámite. Según la Junta de Castilla y León aún tienen que cumplir con los requerimientos y/o subsanación de errores que les han notificado. El gobierno autonómico no ha querido detallar a elDiario.es los motivos de esta dilación en la publicación de las cuentas y la Fundación no ha respondido a un requerimiento de este medio sobre esta y otras cuestiones de trasparencia y financiación.

Desde que en 2020 Abogados Cristianos registró la fundación su patrimonio neto se ha multiplicado por 24, según sus cuentas. En 2020, el patrimonio neto de la Fundación eran los 30.000 euros mínimos establecidos para constituir una fundación, pero esta cifra alcanzó los 711.455 euros dos años después.

Errores y datos confusos

El último balance que ha aprobado la Junta de Castilla y León, correspondiente a 2022, tiene varios puntos confusos o erróneos. El activo de la Fundación, por ejemplo, figura en ocasiones en números negativos —como si tuviera pérdidas— y en otras en positivo, como si hubiera un superávit como realmente se deduce de un análisis global del resultado de explotación. En el momento de la aprobación de las cuentas del 2022 el área de fundaciones dependía del que era vicepresidente de la Junta de Castilla y León por Vox, Juan García-Gallardo, en una de las escasas atribuciones que tuvo en su mandato antes de dimitir el pasado verano.

El importe neto de la cifra de negocio fue de cero euros en el año 2020, una cifra que se ha incrementado exponencialmente con los años: 109.065 euros en 2021 y 749.216 euros en 2022. La cuenta de pérdidas y ganancias refleja un resultado de explotación de poco más de medio millón de euros (567.389,63 euros) en 2022. En ese año la fundación se gastó 103.755 euros en personal y otros 78.190 euros en otros gastos de explotación que no se concretan.

Además, las cuentas reflejan otros 109.065 euros procedentes del resultado de explotación de 2021 y un total de 567.389 euros como beneficio del ejercicio de 2022. A pesar de que los donantes de Abogados Cristianos superan los cinco mil, en las cuentas el epígrafe relativo a las donaciones está en blanco, ya que sitúan todos sus ingresos como 'Importe neto de la cifra de negocio'. Además, figuran otros 5.000 euros que proceden de las aportaciones de los 3.048 socios que tiene Abogados Cristianos. Según sus memorias, las primeras donaciones más allá de su dotación inicial datan de septiembre del año 2021.

La dotación inicial de capital no ha cambiado en estos años. En el verano de 2019 se formalizó la cesión a la Fundación del 22% de la finca en Valladolid en la que se encuentra la oficina de Abogados Cristianos, en el pasaje de La Marquesina. En concreto, la referencia catastral que figura en la memoria de la organización ultracatólica hace referencia a un almacén reformado en 1988 valorando ese 22% en los 30.000 euros por lo que el valor del local supera los 136.000 euros.

Omisiones en su web y una academia opaca

Ni la memoria anual ni sus cuentas figuran en la página web de la fundación ultracatólica, que ni siquiera ofrece información actualizada de su patronato, pero sí destacan que tiene una 'academia' para formar futuros 'abogados cristianos'. La fundación financia un curso intensivo de cinco días para estudiantes del Grado en Derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía. Es un curso que lleva ya seis ediciones. El curso, que ellos valoran en 3.000 euros, pero todo ello lo cubre la Fundación, permite también acceder a una bolsa de prácticas, incluidas en el gabinete de Abogados Cristianos.

Sin embargo, en sus cuentas no se especifican los ingresos y costes de esta Academia, ni por qué Abogados Cristianos la incluye en sus cuentas de 2022 y no en las de 2021, a pesar de que la academia lleva en funcionamiento al menos desde 2018. Tampoco está claro si esta Academia es o ha sido otra fundación (como Fundación Diké figuraba en su página web, aunque no existe en los registros oficiales ninguna entidad con esta denominación). Esta academia, según su página, “nace de la intuición de Fundación Española de Abogados Cristianos por ofrecer a la sociedad una mirada más profunda acerca de los problemas relacionados con derechos fundamentales como la libertad de conciencia, el respeto a la vida o la libertad religiosa”. Entre la pregunta de elDiario.es sobre la supuesta fundación Diké y su vinculación a Abogados Cristianos las menciones a esta primera fundación han desaparecido y se han cambiado a la entidad jurídica existente.

La página para hacerte socio de Abogados Cristianos pide donaciones con el eslogan de “Juntos detendremos el laicismo y la cultura de la muerte”, y cuenta con un canal online de donativos. La entidad asegura que “no recibe ningún tipo de subvención pública” y que tampoco la quieren “para así garantizar nuestra total independencia”. Señalan que “Se mantiene gracias a los donativos puntuales y cuotas periódicas de los donantes y benefactores que apoyan nuestra actividad”. Y destacan que de sus donativos recibes vía IRPF una devolución entre el 40 y el 80% dependiendo de la cantidad. No recibir subvenciones públicas simplifica la contabilidad de las fundaciones e implica menos transparencia obligatoria sobre sus actividades y financiación.

Sin conocer todavía el detalle de sus actividades del 2023, porque sus cuentas y memoria no están accesibles, Abogados Cristianos refleja en sus documentos una maraña de 'victorias' judiciales como que se prohibiera colocar banderas LGTBI en edificios públicos -que finalmente ha avalado el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre - y su participación como 'observadores internacionales' en las elecciones legislativas de 2022 en Hungría o acudir como invitados a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre ultraconservadora internacional en la que participaron el ideólogo de Donald Trump, Steve Bannon, Javier Milei, la familia Bolsonaro o Santiago Abascal, entre otros.

Contra las banderas LGTBI y las ofensas religiosas

El nombre completo de la entidad es Fundación Española de Abogados Cristianos y es la heredera de una asociación del mismo nombre pero con otra figura que tiene más beneficios fiscales. Tal y como publicó elDiario.es en su momento, la fundación Abogados Cristianos nació con fuertes vínculos con Vox dando continuidad a una fórmula legal previa. Las fundaciones poseen un régimen jurídico más favorable y ellos mismos aseguran que surgió “como ejercicio de transparencia y con el objetivo de aumentar los beneficios fiscales para nuestros socios y donantes”.

Desde su constitución se han dedicado a acudir a los tribunales con el mismo patrón: denunciar por un delito de ofensa al sentimiento religioso, por colocar banderas LGTBI en las Administraciones públicas con motivo del Orgullo o cuestionar decisiones municipales de retirar símbolos franquistas como cruces colocadas durante la guerra civil y el franquismo.

Las últimas denuncias de Abogados Cristianos que han saltado a la esfera pública incluyen protestar por la estampita del Grand Prix en las campanadas de RTVE y la futura declaración del alcalde de Soria y ahora secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez denunciado por una supuesta ofensa a los cristianos. El pasado verano, Martínez se subió a un 'papamóvil' fabricado por unos vecinos de Tardelcuende para las fiestas estivales, lo que supuso una infracción de Tráfico —la DGT ya le multó— y por las que el alcalde ha pedido disculpas por si alguien se ha sentido molesto. Pese a eso, Abogados Cristianos acudió a los tribunales y la denuncia a Martínez estuvo parada durante meses en el juzgado hasta después de que presentara su candidatura para liderar el Partido Socialista. El juzgado impuso una fianza de 6.000 euros a Abogados Cristianos para seguir adelante con el procedimiento, pero esa cantidad no fue abonada hasta el mes de enero. Desde el PSOE destacan el “oportuno” depósito de la cantidad que se solicitaba, que coincidió con el anuncio del nuevo cargo de Martínez al frente de los socialistas de Castilla y León.

Las últimas víctimas de la persecución de Abogados Cristianos en los juzgados son, además de la humorista Lalachus, la líder de Podemos en las Illes Balears y la autora de un cartel para la formación, o el youtuber Mr. Jagger, por unos viejos tuits sobre monjas e iglesias quemadas. También denunciaron al humorista Héctor de Miguel de la Cadena SER por un chiste sobre el Valle de los Caídos, o al Comité Olímpico Internacional por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. Y ahora incluso se han metido de lleno en política como acusación popular en la investigación al hermano de Pedro Sánchez, sin que esta tenga nada que ver con un hecho religioso.

Vínculos con Vox y exmagistrados en la cúpula

La composición actual del patronato de Abogados Cristianos no está disponible en su página web, a pesar de que es otro de los datos que debe proporcionar anualmente la Fundación que preside Polonia Castellanos a la Junta de Castilla y León. Si se han producido cambios desde su inscripción en estos dos años no se han hecho públicos. Desde la constitución de la fundación en el año 2020 con personas del entorno de Vox sí se han producido cambios, pero vuelven a ser el entorno de la ultraderecha.

En el año 2022, entre sus miembros estaban un miembro de Vox, el expresidente de una asociación denominada Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, y el jurista Javier Borrego, ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y ex magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Javier Borrego escribió en diciembre de 2023 que creía que Pedro Sánchez era un “caudillo” que había “colonizado una a una todas las instituciones” y rechazables renovar el Poder Judicial.

El vicepresidente de Abogados Cristianos en 2022 era Alfonso González Rodríguez-Vilariño, que se afilió en 2014 y ha estado en las listas del partido de Abascal para las elecciones municipales de Valladolid, autonómicas y al Senado. En 2022 cesó en su cargo como vocal Juan José Liarte Pedreño, exdiputado autonómico de Vox en Murcia, que en su momento defendió que su participación no comprometía la “neutralidad política” de la fundación.