El principal sospechoso del 'Caso FP' implica a la Consejería de Educación de Ayuso entre 2021 y 2023 en la presunta prevaricación

El subdirector de FP que la Consejería de Educación de Madrid cesó en marzo de 2024 cuando estalló el escándalo de la construcción ilegal en FP no era el responsable del escándalo o, al menos, no era el único, según consta en un informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso elDiario.es y que está aportado a la causa que investiga un juzgado de instrucción de Madrid por presunta prevaricación.

El hasta ahora principal sospechoso señalado por el Gobierno de Ayuso, Alfonso Mateos, –a quien destituyó de manera fulminante en marzo de 2024–, describió con detalle ante el fiscal hace un año el procedimiento para construir que está ahora bajo investigación. Un entramado que implica a varios departamentos de la Consejería de Educación, como acreditan otras fuentes consultadas por este medio. De hecho, según ha podido comprobar elDiario.es, era el propio consejero quien debía firmar para justificar la necesidad de las obras. Además, Mateos reveló en su declaración por la construcción del pabellón sanitario de instituto Ciudad Escolar –el primer caso que se conoció y en el que se presupuestaron 2,5 millones de euros sin contrato y a dedo– que cuando llegó al puesto, en 2017, “esta mecánica ya se hacía” y “que no solo se llevaron a cabo este tipo de operaciones con estos centros, sino con muchos otros como por ejemplo IES San Blas, Ignacio Ellacuría, Isaac Peral, Antonio Machado”. elDiario.es ha acreditado una decena de obras ilegales que se trocearon como contratos menores, pero fuentes educativas calculan que estas pueden ser solo la punta de iceberg.

La Consejería de Educación, dirigida ahora por Emilio Viciana, apuntó a Mateos cuando se conoció que ese departamento había hecho obras de hasta 2,5 millones de euros sin sacarlas a concurso y eligiendo a los constructores a dedo, una ilegalidad que empezó a estudiar Fiscalía y ahora investiga la justicia tras una denuncia de Podemos. Las obras conocidas hasta ahora –que alcanzarían casi 4 millones de euros– se hicieron en diversos institutos y centros educativos entre 2021 y 2023 con el anterior Gobierno de Ayuso. En aquel momento, el consejero era Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y su mano derecha era la viceconsejera Rocío Albert (hoy todopoderosa consejera de Economía y Hacienda de Isabel Díaz Ayuso). La denuncia pública de un empresario que no había cobrado la obra desencadenó una investigación de Viciana que acabó con Mateos fuera de la Consejería y casi una decena de funcionarios, entre ellos directores de centros de FP, expedientados como responsables, algunos de los cuales también pasaron por el Ministerio Fiscal a declarar.

La Fiscalía, sin embargo, describe un panorama más amplio que apunta más arriba de los directores de instituto y un subdirector, según ha podido inferir de la declaración de los implicados o testigos y de los informes oficiales que le ha enviado la Intervención de la Comunidad de Madrid. Como señaló Mateos en su declaración –y confirman fuentes conocedoras del funcionamiento de Educación– para que empiece a hacerse una obra en un instituto de Secundaria hay que hacer una memoria de necesidades, que pasa al director general. De ahí a la Intervención “a través de la Subdirección General de Régimen Económico Presupuestario”. Si es favorable, lo firma el Consejero de Educación. La declaración recoge que “si el interventor delegado daba el visto bueno se lo pasaba al Consejero de Educación que firmaba y aprobaba la atención de esas necesidades y luego era la Intervención General de la comunidad de Madrid, la que libraba el dinero a las direcciones de Área Territoriales”, que tienen también rango de dirección general.

Decenas de obras que superaban los 50.000 euros y que, por tanto, se deberían haber sacado a concurso público según la Ley de Contratos del Sector Público, hicieron todo ese viaje de idas y venidas por varios altos cargos y departamentos sin que nadie lo parara pese a que, como también declaró Mateos “en cualquiera de las etapas, si alguien estima que no procede se detiene el procedimiento”. Eso no pasó. Finalmente, partidas de dinero mayores del importe de un contrato menor se transferían desde la Consejería a los institutos para que pagaran obras fuera de la ley: se hacían facturas troceadas para no levantar sospechas, camuflando millonarias reformas como si fueran un sumatorio de pequeños arreglos. Y todo ello se pagaba con transferencias aprobadas y emitidas desde Educación.

¿Quién lo ordenó?

Según el relato de la propia Fiscalía, “se habrían omitido los procedimientos legalmente preceptivos en materia de contratación pública (...) y encubrían la adjudicación directa de obras a una misma persona o sociedades por él controladas, eludiendo sistemáticamente los procesos previstos para garantizar la libre concurrencia”, ya que para obras de envergadura como estas la ley obliga a convocar un concurso abierto. Luego, una mesa de contratación técnica valora la oferta económica, calidad técnica o solvencia de las empresas que se presentan y elige una.

La clave ahora es saber quién ordenó este sistema, que se repitió en casi todas las direcciones territoriales en las que está dividida geográficamente Madrid e incluso en algún centro que no era de FP y, por tanto, excedía a las competencias de Mateos. elDiario.es ha constatado además que no se favoreció a una sola empresa, sino que hay varios contratistas a los que se invitaba a partir de este sistema. Otra pregunta es cómo puede eximirse la Consejería a sí misma si es la que entregó cantidades superiores a 50.000 euros –hasta 650.000 euros llegó a ingresar a una cuenta de gastos ordinarios en centros implicados en el caso Ciudad Escolar– en un proceso que implicaba al menos a cuatro departamentos con rango.

Además, un informe firmado por el interventor general del 16 de mayo de 2024 apuntala la responsabilidad más allá de Mateos e incluso refiere que, por el elevado importe de una de las obras (2,5 millones de euros en el caso de Ciudad Escolar), se tendría que haber aprobado en el Consejo de Gobierno que preside los miércoles Isabel Díaz Ayuso, algo que no sucedió. En lugar de ello, “desde la Consejería se ingresan a los IES (institutos de Educación Secundaria) elevados importes vinculados a la implantación de nuevas enseñanzas, cuando los centros solo tienen competencia para realizar reposiciones, no nuevas inversiones, y gastos de cuantía limitada al contrato menor. No se ha tramitado por parte de la Consejería el correspondiente expediente, pese a ser conocedora de las necesidades de equipamiento y de la entidad de las obras a acometer.” 

La propia Consejería (hoy en manos de un equipo gestor distinto al afectado por el escándalo, aunque ambos del PP y bajo el liderazgo de Díaz Ayuso) fue la que llevó el caso a la Fiscalía cuando salió a la luz la obra de Ciudad Escolar, y en su escrito apuntó tanto a Mateos como a directores de centro y funcionarios de institutos, a quienes expedientó. Sin embargo, la Fiscalía señala en su escrito que se “permite vislumbrar una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva, con afectación de distintos estamentos y pluralidad de personas, en los que por una vía indirecta sin guardar las formalidades legales en materia de contratación pública o más bien apartándolas por completo, se ha procedido a realizar obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo además su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados”.

Por eso, entiende la Fiscalía que “no procedería, al menos por el momento, la citación en calidad de investigados de los directores de centro, administradores, jefes de estudio o profesorado con cargos similares”, y acaba apuntando algunas recomendaciones de actuación y toma de declaración ante la “grosera y palmaria omisión del procedimiento”. La Consejería de Educación del Gobierno de Ayuso no ha respondido en esta ocasión, ni en ninguna de las anteriores consultas, las preguntas de elDiario.es.