El Constitucional acelera para deliberar sobre la amnistía: "En dos meses y medio podría haber sentencia"

El Tribunal Constitucional pisa a fondo el acelerador: según fuentes del órgano de garantías, se han dado instrucciones a los letrados designados por el presidente Cándido Conde-Pumpido y la vicepresidenta Inmaculada Montalbán para que el primer borrador sobre la ley de amnistía esté listo dentro de dos meses. En ese plazo, añaden las fuentes, el Pleno del órgano estará listo para la primera deliberación. Si bien es cierto que el Constitucional debe resolver múltiples recursos relacionados con la medida de gracia, se dará prioridad al que presentó el Partido Popular.

En el mes de septiembre, fuentes del Constitucional aseguraban que el plan de Conde-Pumpido sería dar prioridad a la sentencia de la cuestión de inconstitucionalidad que elevó el Tribunal Supremo, cuya ponencia corre a cargo del magistrado conservador Ricardo Enríquez. No obstante, ahora el presidente parece dispuesto a abordar en primer lugar el recurso de los populares.

En un inicio, la ponencia correspondía al conservador José María Macías, pero el Pleno del Constitucional ha decidido apartarlo de los debates sobre la amnistía y ahora se hará cargo la vicepresidenta progresista, Inmaculada Montalbán. Según fuentes del órgano, la sentencia que propondrá Montalbán será una "ponencia matriz" que abordará el recurso del PP —el más amplio—, pero "mirará de reojo" al resto de escritos. "Se trata de poner no solo el foco, sino la visión periférica", explican. De este modo, la sentencia servirá de precedente para todas las que se dicten más adelante.

Así, entre disputas internas por la recusación del magistrado conservador José María Macías, miembros del órgano de garantías aseguran que "en un par de meses o dos meses y medio" podría "perfectamente" haber una sentencia. Otras fuentes consultadas acotan que "eso depende de lo que quiera el presidente", a la par que lamentan la "falta de transparencia" de Conde-Pumpido.

La recusación de Macías

De todos modos, mientras seis letrados elaboran el borrador de la primera sentencia sobre la ley de amnistía, el Constitucional debe abordar varios recursos que han trasladado tanto el PP como la Comunidad de Madrid en contra de la recusación del magistrado José María Macías. El Constitucional apartó a Macías, en primer lugar, de la deliberación sobre la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo.

Pero, visto que el magistrado no se ha apartado voluntariamente del resto de recursos contra la ley de amnistía, el 29 de enero el sector progresista votó a favor de apartarlo del conjunto de incidentes planteados. Se extendió la recusación inical al resto de debates.

Esto supone que la ponente del recurso del PP no será Macías, sino Montalbán, que previsiblemente elaborará una ponencia favorable para la norma. El magistrado Macías, que entró al Tribunal Constitucional el pasado verano a propuesta del PP como sustituto de Alfredo Montoya, ocupaba el cargo de vocal en el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde allí ejerció una férrea oposición, primero al concepto de la amnistía y después a la propia norma. No solo señaló en múltiples intervenciones mediáticas que la medida de gracia es inconstitucional. También firmó un informe del CGPJ a petición del Senado contra la proposición de ley, cuando esta aún estaba tramitándose en el Parlamento. Estos son los motivos que han llevado al Pleno a considerar que no se le puede presumir la debida imparcialidad. Junto a él se ha apartado, por voluntad propia, el magistrado y exministro Juan Carlos Campo.

Cuando formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Campo señaló en un informe que la amnistía es "claramente inconstitucional", de modo que optó por retirarse de motu proprio de todas las deliberaciones en torno a la medida de gracia. El presidente, Cándido Conde-Pumpido, que hasta el momento se había apartado de todos los asuntos relacionados con el procés por unas declaraciones mediáticas, no se abstendrá de las deliberaciones sobre la ley de amnistía.

Con lo cual, el equilibrio de fuerzas de cara a las deliberaciones será de seis magistrados de sensibilidad progresista y cuatro conservadores. Una composición que —si se tienen en cuenta los precedentes de voto en bloque en las grandes deliberaciones desde que se renovó el tribunal por última vez— augura un futuro claro para la ley de amnistía.

No obstante, los recurrentes de la norma son muchos y aún tienen batalla que dar: la norma no solo fue recurrida por los diputados y senadores del Partido Popular; también elevaron escritos las comunidades autónomas gobernadas por la formación, algunos parlamentos autonómicos y Castilla y León, la única comunidad gobernada por el PSOE que ha recurrido la norma.

Ahora, el PP alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales al recusar a José María Macías automáticamente de todos los recursos. En el proceso de recusación de Macías del debate de la cuestión de inconstitucionalidad solo estaban personados la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ambas partidarias de apartar al magistrado conservador. El criterio luego se hizo extensible al resto de incidentes sin que se oyera a las partes personadas en estos (el PP, las comunidades autónomas, los parlamentos autonómicos).

De forma que los populares consideran que se les ha privado del derecho de pronunciarse. Así lo expresaban este jueves fuentes del Partido Popular: "El recurso de súplica presentado por el PP considera que el Tribunal Constitucional ha vulnerado su derecho a efectuar alegaciones sobre la recusación del magistrado, como parte implicada en el procedimiento al haber presentado un recurso de inconstitucional, y no ha respetado los principios de contradicción e igualdad de armas, generando su indefensión".

"No vamos a permanecer quietos ante lo que entendemos es una vulneración de nuestros derechos fundamentales", expresaron fuentes de Génova el jueves por la tarde. El Pleno del Constitucional aún debe decidir si admite a trámite los recursos y si, en ese caso, los estima. En este último escenario, los plazos que maneja Conde-Pumpido para zanjar el asunto de la ley de amnistía podrían verse trastocasdos.