Semana decisiva para la cuestión de confianza de Sánchez: la Mesa del Congreso la avalará
La Mesa del Congreso de los Diputados tiene previsto tramitar este martes la proposición no de ley en la que Junts sugiere al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza, un texto que los de Carles Puigdemont aceptaron reformular, rebajando su contenido y aceptando que sea el presidente quien decida sobre ella. Finalmente, el PSOE le dará el visto bueno en la Mesa a cambio de que Junts apoye la convalidación del nuevo decreto ómnibus que incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público y a los afectados por la DANA, además de otras medidas del llamado escudo social. Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados de la Cámara Baja no pusieron ningún obstáculo a su calificación. No obstante, y a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta dos veces autorizar su tramitación. El PP y los letrados no ven problema La primera vez fue el 17 de diciembre y, un mes después, el 16 de enero, la Mesa volvió a dejar su decisión en el aire. En ambos casos fue en contra del criterio del PP, que nunca ha visto problema en que pasara ese primer filtro de la Mesa, en consonancia con lo planteado por los servicios jurídicos. Los letrados siempre han mantenido que era la Mesa la que debía decidir y fijar doctrina, pues era la primera vez que se instaba a una cuestión de confianza a través de una proposición no de ley. Aunque apuntaron que la utilización de este instrumento es potestad exclusiva del presidente, también recalcaron que incluso aunque se aprobara no tendría efectos jurídicos, pues las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento. El hecho de que la cuestión de confianza es prerrogativa del presidente del Gobierno y que solo él puede activarla es el argumento usado por el PSOE para justificar sus resistencias a tramitar la propuesta de Junts. Hace 30 años, gobernando también el PSOE, sí que se permitió debatir una moción de CC pidiendo al presidente Felipe González que convocara elecciones, otra competencia exclusiva suya. Sin efectos jurídicos Al final, la iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley ómnibus y el PSOE accedió a tramitarla si se rebajaba la redacción. Si el texto original, que solo ocupaba una línea y media, instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción ya solo anima a Sánchez a "considerar la oportunidad" de plantearla. Y la descafeína más al añadir expresamente que su propuesta solo tiene un valor político, carece de "efectos jurídicos" para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una "prerrogativa que le confiere la Constitución". Lo que no modifica Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando...
La Mesa del Congreso de los Diputados tiene previsto tramitar este martes la proposición no de ley en la que Junts sugiere al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza, un texto que los de Carles Puigdemont aceptaron reformular, rebajando su contenido y aceptando que sea el presidente quien decida sobre ella. Finalmente, el PSOE le dará el visto bueno en la Mesa a cambio de que Junts apoye la convalidación del nuevo decreto ómnibus que incluye la subida de las pensiones, las ayudas al transporte público y a los afectados por la DANA, además de otras medidas del llamado escudo social. Los de Carles Puigdemont registraron su proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre y desde el principio los letrados de la Cámara Baja no pusieron ningún obstáculo a su calificación. No obstante, y a instancias del PSOE, que tiene mayoría con Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara aparcó su decisión y evitó hasta dos veces autorizar su tramitación. El PP y los letrados no ven problema La primera vez fue el 17 de diciembre y, un mes después, el 16 de enero, la Mesa volvió a dejar su decisión en el aire. En ambos casos fue en contra del criterio del PP, que nunca ha visto problema en que pasara ese primer filtro de la Mesa, en consonancia con lo planteado por los servicios jurídicos. Los letrados siempre han mantenido que era la Mesa la que debía decidir y fijar doctrina, pues era la primera vez que se instaba a una cuestión de confianza a través de una proposición no de ley. Aunque apuntaron que la utilización de este instrumento es potestad exclusiva del presidente, también recalcaron que incluso aunque se aprobara no tendría efectos jurídicos, pues las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento. El hecho de que la cuestión de confianza es prerrogativa del presidente del Gobierno y que solo él puede activarla es el argumento usado por el PSOE para justificar sus resistencias a tramitar la propuesta de Junts. Hace 30 años, gobernando también el PSOE, sí que se permitió debatir una moción de CC pidiendo al presidente Felipe González que convocara elecciones, otra competencia exclusiva suya. Sin efectos jurídicos Al final, la iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley ómnibus y el PSOE accedió a tramitarla si se rebajaba la redacción. Si el texto original, que solo ocupaba una línea y media, instaba directamente al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza, la nueva redacción ya solo anima a Sánchez a "considerar la oportunidad" de plantearla. Y la descafeína más al añadir expresamente que su propuesta solo tiene un valor político, carece de "efectos jurídicos" para Sánchez y no le obliga a cumplirla, dado que la cuestión de confianza es una "prerrogativa que le confiere la Constitución". Lo que no modifica Junts es la exposición de motivos, en la que se sigue quejando...
