El Gobierno prohibió los traslados de cárcel para presos que cambien de género
La decisión había sido adelantada por Javier Milei en noviembre y en las últimas horas confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni.
El Gobierno oficializó este jueves una nueva decisión relacionada con las condiciones de las personas presas. Prohibieron la posibilidad de que, quienes cambien de género, puedan trasladarse de cárcel.
Según se determinó, el alojamiento de los detenidos se determinará por el sexo que la persona registre al momento del hecho delictivo por el que se ordenó su arresto y allí cumplirá la condena.
Esto se determinó mediante el Decreto 61/2025 del Poder Ejecutivo, que lleva la firma del presidente Javier Milei, y fue publicado en la última edición del Boletín Oficial.
Cárceles: el Gobierno prohibió el traslado de internos por cambio de género
"La administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención", establece el artículo 1 de ese texto. La medida la adelantó Javier Milei en noviembre.
"La autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743, cuando hiciera valer la mencionada rectificación para la aprobación de su solicitud", remarca el texto.
Además, se determinó que los establecimientos penitenciarios deberán "adoptar las medidas necesarias" para resguardar la seguridad de las personas que "se encuentren tramitando o que ya hubieren finalizado un procedimiento de rectificación registral del sexo", en los términos de la Ley N° 26.743.
"En ningún caso podrán adoptarse medidas que puedan representar un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral, o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario", agrega el decreto.
Esas mismas personas tampoco podrán reubicarse, según determinó el Gobierno, cuando a partir de la "evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria" se determine que su alojamiento en un establecimiento penitenciario signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos.
El caso de Gabriel Fernández, entre los considerandos
En los considerandos del decreto, el Gobierno menciona "un reciente caso ocurrido en la Provincia de Córdoba", en referencia al del detenido Gabriel Fernández.
En su caso, ingresó como varón al penal de Bouwer, en Córdoba, condenado por la comisión de un delito en el que había mediado violencia contra una mujer. Dos años más tarde cambió de género y pasó a llamarse Gabriela, se le concedió una reubicación y eso derivó en la comisión de diversos abusos a otras internas. Una de las detenidas, víctima, quedó embarazada.
Esta semana, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba volvió a imputar a la misma persona por dos denuncias más por abuso sexual contra otras internas.
"Resulta irrazonable que el reconocimiento de un derecho, en el marco de la ejecución de una pena privativa de la libertad, pueda ser empleado para poner en peligro la vida, la seguridad y la integridad sexual de las mujeres que cumplen sus condenas en establecimientos penitenciarios", se indica en el texto.
La medida publicada este jueves había sido adelantada por el Presidente. "Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa a para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir", expresó durante su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada el año pasado.
