ARCA cierra el retiro voluntario: advierten que no hay personal para las causas judiciales

La motosierra en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), terminaría siendo contraproducente para el Gobierno ante la falta de personal que ayude a sumar ingresos. Cuántos agentes quedaron en un área clave del organismo.

Desde el anuncio de disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a mediados de octubre de 2024 hasta la presentación de la nueva estructura en los primeros días de enero de 2025, se produjo la salida de 1.572 agentes.

Muchos de los cuales adelantaron el trámite de la jubilación antes del anuncio de disolución del organismo por el temor de perder beneficios como el premio de los 20 sueldos al momento de retirarse que se fijó por el convenio colectivo.

El dato fue revelado en el comunicado del organismo en donde también aseguraron que están "trabajando en un proceso de reestructuración que reducirá la planta total en 3.200 empleados". Aunque sin marcar plazos ni si se trata de los trabajadores que, supuestamente, habían ingresado de manera irregular durante el kirchnerismo.

Según pudo saber El Cronista en exclusiva con fuente oficiales de ARCA, el martes que viene, 11 de febrero, cierra el Sistema de Retiro Anticipado, que por la Disposición 3/2025 tenía un tope de 1.500 vacantes. A pesar de las versiones que corrieron en las ultimas horas y aseguraban que existiría una prórroga.

"Somos cinco consultores técnicos para todas las causas. En diciembre se fueron muchos y no nos da el tiempo", afirmó una fuente interna del organismo a El Cronista. Siendo estos los integrantes del Departamento de Contencioso que en las diferentes partes del juicio analizan las pruebas.

Ante la consulta a fuentes oficiales de ARCA, no negaron ni afirmaron el dato, pero aseguraron que "durante la gestión del ex administrador federal, Carlos Castagneto se crearon 400 estructuras para el ingreso de 3.000 personas que no estaban calificadas". Y que ante la reestructuración todavía en marcha del organismo "va a faltar personal técnico", pero que si es prioridad van a cubrir los puestos.

El estado en que se encuentra el Departamento Contencioso se conoce en medio del tratamiento en las sesiones extraordinarias del proyecto de Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos. En donde el ministro de Economía, Luis Caputo busca establecer al Índice de Precios al Consumidor (IPC) como mecanismo de ajuste y una nueva caja de ingresos. 

Hasta el momento no estarían los votos para su aprobación frente a la negativa del oficialismo a realizar los cambios que le exige la "oposición dialoguista" (del artículo 2 sobre el cobro a quienes actualizaron los quebrantos en el pasado).

En caso de que persista la negativa y el Gobierno no logre aprobar el proyecto, quedará el reciente dictamen de la Dirección Nacional (DNI) a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini que asegura que los que quebrantos no se puede actualizar.

Una interpretación que fue criticada por diversos tributaristas entre ellos el socio del Departamento de Impuestos de Lisiki, Litvin & Asociados, Martín Caranta. "Afirman que por el artículo 93 de la Ley 24.073 la actualización es por uno, lo que es lo mismo que nada, y que lo que se puede ajustar son los valores amortizables, los costos computables de activos adquiridos después de la reforma fiscal de Mauricio Macri", destacó.

De perdurar ese escenario dejaría la puerta abierta para que las empresas inicien juicios millonarios contra el estado con el respaldo de la Ley 27.430 que se aprobó durante la gestión de Cambiemos y que estableció que los quebrantos se ajustan por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), pero del lado de ARCA no habría quien lo lleve.