Un cheque ciudadano, ayudas al transporte... ideas para el reparto de los ingresos por emitir CO2 que prepara Aagesen

Antes del 30 de junio, el Gobierno deberá presentar a la Comisión Europea su plan sobre cómo repartir entre ciudadanos y pequeñas empresas los ingresos que obtendrá a partir de 2026 por la ampliación al sector de la edificación y al transporte por carretera de la obligación de pagar por la emisión de CO2. Se trata de un mandato europeo destinado a redistribuir y restituir, particularmente entre la población más vulnerable, por las eventuales subidas en precios de los combustibles para transporte y calefacción y meses antes de la fecha límite ya hay distintas propuestas de cómo debería ser esta "recompensa". La más llamativa, pero basada en la experiencia de Austria y Canadá, la ha planteado la consultora Oikos y su "dividendo climático", un cheque de dinero contante y sonante que cobrarían los ciudadanos, con una cuantía de entre 150 y 500 euros anuales en función de su nivel de renta o de si viven en el campo o en la ciudad.

El Ministerio de Transición Ecológica se encuentra ya trabajando en el diseño español del Fondo Social para el Clima, en el que la UE espera poder ingresar en total hasta 65.000 millones entre 2026 y 2032. Según las normas fijadas por los Veintisiete, deberán distribuirse en ayudas para los sectores más afectados por el eventual encarecimiento de combustibles para automoción o para la calefacción que se deriven de obligar a estos nuevos sectores a pagar para poder emitir CO2 a la atmósfera. En concreto, Bruselas tiene en mente a la población con menos recursos económicos y a las pequeñas empresas en el diseño del un fondo por parte de cada Estado miembro en el que subyace otra idea, la oportunidad de que los ciudadanos perciban de forma nítida un beneficio directo de la lucha contra el cambio climático.

De momento, el Gobierno no da muchas pistas de qué modelo pondrá en pie pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró esta semana en el Senado que ya está trabajando en el Fondo Social para el Clima "para ver cómo apoyamos a los más vulnerables en sus hogares y en la movilidad". Según la regla establecida en la UE, parte de los ingresos en cada país deberán destinarse a "medidas e inversiones" para mejorar la eficiencia energética, renovar y descarbonizar edificios y para adoptar transporte de cero o bajas emisiones y otra parte, a "ayudas directas a la renta".

Cheque anual a cada ciudadano

En esta segunda categoría se adscribe el llamado "dividendo climático" de OIKOS, que "no solo es importar el diseño en el que el Estado transfiere fondos a los hogares, también es importante la percepción, para aumentar la confianza en las políticas climáticas", aseveraba hace unos días el autor del informe, Toni Timoner. El documento plantea importar a España un pago directo y anual a los ciudadanos que ya existe en Suiza, Canadá y Austria para hacerles partícipes en lo económico de la lucha contra el cambio climático. Austria hace transferencias directas, Canadá devuelve el 90% de los ingresos por derechos de emisiones directamente a los hogares cada trimestre y Suiza los emplea para pagar el coste del seguro médico. En España, calcula que sería necesario un presupuesto de más de 4.000 millones, que excede el montante -del 25%- de los ingresos por derechos de emisión que el Gobierno puede destinar a este Fondo Social del Clima, de modo que Timoner plantea que pueda alimentarse con otras partidas.

Lo que Oikos propone es un cheque anual universal, pero en el que se introducirían criterios para determinar su cuantía. Así, por ejemplo, una familia formada por dos adultos y un dependiente recibiría entre 125 y 500 euros anuales; un adulto en una zona rural, 200 euros y un perfil similar en una zona urbana, la mitad, 100 euros, que volvería a rebajarse un 50% si fuera menor de edad. En una zona intermedia, el adulto recibiría 100 euros y el menor, 75 al año.

Timoner tuvo ocasión de exponer esta idea hace unos días en el Congreso, delante de diputados de distintos grupos políticos y de representantes de ongs y organizaciones sectoriales, de los que salieron otras posibilidades sobre cómo podría el Gobierno redistribuir parte de los ingresos que tenga a partir de 2026 por la extensión del régimen de comercio de emisiones al transporte por carretera y a la edificación. Tal y como apunta también el reglamento europeo, los expertos recordaron que no puede ser a gastos a medio plazo, porque son fondos efímeros. "Temporales y limitadas", según lo acordado por los Veintisiete porque, si la descarbonización avanza al ritmo esperado en la UE, en 2030 empezarán a disminuir estos ingresos hasta desaparecer en 2050, debido a que cada vez se emitirá menos CO2 a la atmósfera, hasta llegar a la neutralidad en carbono.

Obras hídricas, ayudas agrícolas y transición justa

Por este motivo, los expertos descartan la idea de que estos ingresos pudieran destinarse a obras para afrontar los efectos perniciosos del cambio climático, como infraestructuras relacionadas con el agua, tal y como planteó un representante de Tinsa en esa jornada en el Congreso de los Diputados.

Mientras, al PSOE no pareció entusiasmarle la idea del dividendo climático. "La respetamos pero no la compartimos", dijo su diputado Daniel Senderos, que a la espera del modelo que termine diseñando el Ministerio descartó el cheque anual a los ciudadanos porque dejaría fuera a las pequeñas empresas. "Veo muy complicado el reparto de estos dividendos para personas jurídicas y físicas, cómo, de qué manera y a quién", dijo.

Sí es más del agrado del PP, que añadió otra idea más para repartir estos ingresos derivados de la emisión de CO2 por parte del sector del transporte terrestre y la edificación. Su diputado César Sánchez planteó 'premiar' a un sector que ya de por sí contribuye al retirar toneladas de CO2 de la atmósfera como es el forestal, porque los bosques son sumideros naturales de gases de efecto invernadero. Planteó así una ayuda para los propietarios de bosques -en su mayor parte en manos privadas- que, a ojos de los populares, también debería trasladarse al sector agrícola en general. "Si quien contamina paga, quien protege gana", apuntó Sánchez.

Por último, en el debate en el Congreso surgió también la posibilidad de que el Gobierno pudiera redistribuir estos fondos entre las zonas de transición justa, aquellas en las que al cierre de una central térmica -o dentro de unos años, nuclear- debería suceder la promoción de actividades económicas vinculadas a las energías renovables. "Es una oportunidad que en la actualización este año de la Estrategia de Transición Justa empezara el debate, ahí se podría ver cómo insertar este tipo de pensamiento y ver hasta qué punto habría aceptación social para este tipo de dividendos [climáticos]", terció Lara Lázaro, investigadora del Real Instituto Elcano.