El juez Peinado impulsa la causa contra Begoña Gómez imputando a cuatro testigos

Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en la Moncloa, se ha convertido en el cuarto testigo de la causa que dirige Juan Carlos Peinado que pasa a estar imputado después de declarar obligado a decir la verdad. El nombre de esta asesora se suma al del empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache y Juan José Güemes, exconsejero madrileño y directivo del IE. Todos han sido imputados después de comparecer como testigos y reconocer sus relaciones laborales con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y negar que haya existido cualquier ilegalidad o trato de favor.

La causa contra Begoña Gómez arrancó en abril del año pasado bajo secreto de sumario y a instancias de una denuncia de Manos Limpias. El pseudosindicato ultra aportó una decena de recortes de prensa y acusó a la esposa de Sánchez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario de 2020 y al empresario Juan Carlos Barrabés. El juez Peinado, apoyándose en varias acusaciones populares vinculadas muchas a la extrema derecha, ha ampliado el caso hasta abarcar cualquier actividad profesional de Gómez desde que reside en la Moncloa.

La última ramificación del caso indaga en torno a si Gómez tiene a su disposición una asesora de Moncloa para coordinar su agenda y también sus asuntos profesionales. Cristina Álvarez fue llamada a declarar como testigo el pasado mes de diciembre para explicar al juez que ella, efectivamente, trabajaba para la esposa del jefe del Ejecutivo. Entre otras acciones, envió correos electrónicos relacionados con los dos másteres y la cátedra que dirigió Gómez en la Complutense hasta hace unos meses.

Álvarez compareció como testigo y obligada, por tanto, a decir la verdad. Y el juez ha pasado en unos pocos días de rechazar su imputación a firmarla. El juez rechazó una petición de las acusaciones populares del caso de convertir a Álvarez en una investigada más el pasado 9 de enero, después de escuchar su declaración. En ese auto, Peinado explicó que la asesora no podía ser considerada sospechosa de tráfico de influencias o de malversación de caudales públicos.

En cuanto al primer delito, que en esta causa gira en torno a si Begoña Gómez usó su matrimonio con Pedro Sánchez para favorecer su propia carrera profesional, el juez fue claro: “No puede atribuírsele la condición de investigada en dicho hecho delictivo”. Su papel de “asistente”, añadió, “podría realizarlo cualquier otra persona” y, dijo entonces el magistrado, no podía ser considerada sospechosa de presionar a la Complutense escribiendo en nombre de la esposa del Presidente del Gobierno.

La opinión del juez ha cambiado este martes cuando ha notificado un auto en el que convierte en imputada. El magistrado ha pasado de ese primer auto exoneratorio a otro en el que explica que ahora sí tiene pruebas para “colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”. En el texto hace referencia al testimonio que ya conocía entonces y a otras diligencias que no especifica.

Fuentes del caso explican a elDiario.es que los únicos complementos a esa comparecencia llegaron al juez a finales de enero, cuando dos vicerrectores de la Complutense testificaron para explicar al magistrado la relación que tenían con Gómez y qué papel jugaba Álvarez. Fue Juan Carlos Doadrio, sobre todo, quien especificó a Peinado que, en un momento dado, cruzaba más emails con la asesora que con la propia Begoña Gómez, a la que acompañaba a todos sus encuentros.

Las ramificaciones del caso

La causa contra Begoña Gómez ha ido ampliándose a golpe de querella y solicitud de diligencias de acusaciones populares como Vox, HazteOir o Iustitia Europa, las dos primeras vinculadas a la extrema derecha, y en la actualidad abarca cualquier actividad profesional que haya desarrollado Begoña Gómez desde que reside en el Palacio de la Moncloa: sus másteres en la Universidad Complutense, su trabajo en el África Center del Instituto de Empresa, su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y hasta el trabajo que hace para ella una asesora de Moncloa.

Las distintas ramificaciones del caso, ante la ausencia de pruebas con peso incriminatorio, han cogido vuelto con la imputación de personas que en su primera visita al juzgado eran considerados testigos. El primero fue el empresario Juan Carlos Barrabés: según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados, en dos adjudicaciones públicas, de lo que el pseudosindicato ultra definió como “cartas de recomendación” o incluso “avales”.

Barrabés declaró como testigo por videoconferencia el pasado mes de julio, explicando las veces que estuvo en Moncloa y negando cualquier trato de favor a sus empresas. Un mes después pasó a estar investigado y el juez registró su casa y sus empresas mientras Barrabés se encontraba hospitalizado. La Audiencia Provincial de Madrid, cinco meses después, ha anulado ese registro con una dura advertencia para Peinado: “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio”. Está por ver si esa nulidad tiene consecuencias en su imputación.

Sus declaraciones como testigo y como imputado fueron similares, negando que lo que Manos Limpias presenta como “avales” de la esposa del Presidente a sus empresas fueran tal cosa. En la línea de lo afirmado también por Begoña Gómez cuando compareció ante el juez: sus cartas en ningún caso apoyaban a Barrabés y su UTE: “Las cartas que firmé apoyaban un programa, no a empresas”.

El rector de la Complutense

El segundo testigo en pasar a ser considerado imputado fue Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid donde Gómez tuvo dos másteres y una cátedra extraordinaria. El juez mantiene varias líneas de investigación: si la UCM dio trato de favor a Gómez por ser esposa del Presidente del Gobierno y si ella, además, gestionó de forma irregular un software creado por varias empresas para su cátedra.

Goyache declaró como testigo a principios del pasado mes de julio. Defendió, como ha hecho varias veces en público y como ha reconocido por escrito la propia Complutense, que la relación de Gómez con el centro se había llevado de forma perfectamente legal y que nunca, ni él ni otros directivos de la Complutense, se sintieron presionados para dar trato de favor a la esposa del Presidente del Gobierno. Pocas semanas después era imputado por el juez.

La causa no ha arrojado datos que confirmen las sospechas del juez y las acusaciones populares: la propia Complutense ha defendido, incluso por escrito ante peticiones de información de un abogado antes de que Peinado abriera diligencias, que contaron con Begoña Gómez para sus cursos por su trayectoria en el sector, centrando sus sospechas en la gestión de un software que, según ha explicado ella misma, solo fue alojado en una página web y en ningún caso registrado a su nombre.

El cuarto testigo en ser considerado imputado por el juez es Juan José Güemes. Hombre fuerte en los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Güemes fue llamado a testificar para explicar por qué contrataron a Begoña Gómez para ponerse al frente de su África Center. El juez Peinado entró en la sala convencido de que otra testigo había sido tajante al afirmar que Güemes había dado la orden de contratar a Gómez por ser esposa de Pedro Sánchez y, en una tensa sesión del caso, optó por imputar a Güemes. El exconsejero de Aguirre fue claro: “No se contrató a Begoña Gómez en el IE por ser la esposa del presidente”.

Cristina Álvarez es la última en sumarse a la lista de antiguos testigos que ahora deben comparecer con abogado y procurador en una causa que, por ahora, no se acerca a su final. Tendrá que comparecer de nuevo, aunque como investigada, en el juzgado de Juan Carlos Peinado, menos de dos meses después de que el magistrado descartara de plano su implicación en un posible tráfico de influencias.