El Gobierno de Ayuso rechaza el reparto de menas que excluye a Cataluña por las «hipotecas» de Sánchez

El Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) que excluye a Cataluña y al País Vasco de la distribución de los jóvenes inmigrantes llegados a las Islas Canarias durante la ola migratoria que ha azotado el archipiélago durante los últimos meses. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras madrileño, Jorge Rodrigo, ha asegurado que, con esta exención, el Gobierno de Pedro Sánchez «intenta agradecer los servicios y las hipotecas».

Este jueves se conoció que el Ejecutivo central había cerrado un pacto con el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y apoyado por el PP. En ese pacto, se disponía el reparto de 4.500 menores inmigrantes llegados a las costas del archipiélago. Los menas se distribuirán entre las diferentes comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y País Vasco, que, en virtud de lo pactado, no tendrán que acoger a ningún mena.

Rodrigo ha afeado al Gobierno que no haya hablado con las comunidades «en ningún momento» para consensuar este reparto. «Es una medida errónea», ha subrayado el consejero de Vivienda de la autonomía. A ojos del político del PP, el pacto «intenta agradecer los servicios y las hipotecas que tienen con los nacionalistas». Y todo ello, con el objetivo, según Rodrigo, de que «Sánchez se mantenga sentado en la poltrona cede por 7 votos al gobierno de Cataluña y del País Vasco, mientras que no consulta si esa política de reparto nos interesa al resto de las comunidades».

En lugar de este reparto, Rodrigo ha instado al Gobierno a «que haya un diálogo fluido» entre el Gobierno central y las autonomías. Y ha insistido en que desde la comunidad están «totalmente en contra del reparto que exime a dos comunidades autónomas».

«Error político de primer nivel»

Por su parte, Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha asegurado que la decisión del Gobierno es un «error político de primer nivel». «Es inaceptable que se utilice políticamente por parte del gobierno a los menores como moneda de cambio para mantener su estabilidad parlamentaria», ha incidido el diputado popular. Y ha tildado de «inmoral» esa medida. «Esto va a enfrentar a comunidades autónomas, va a enfrentar a ciudadanos, va a despertar en torno a los menores no acompañados una polémica añadida», ha argumentado.

En ese sentido, ha calificado de «irresponsabilidad colosal» la dirección que ha tomado el Gobierno en «en materia migratoria». En su lugar, ha defendido «un acuerdo profundo, estable y que proyectara a futuro la solución a este fenómeno».

La vicealcaldesa madrileña, Inmaculada Sanz, también se ha pronunciado en contra de un reparto migratorio cuyo pacto considera «profundamente desleal». «No se puede tratar a las personas de esta manera y sobre todo a las Administraciones a las que luego se les va a exigir que se les dote de recursos, no darle una sola información», ha justificado.

Además, ha lamentado que «nunca» les trasladan detalles: «No sabemos nada». Y ha afeado que no sepan nada «ni de estas personas» ni de «las que están viniendo realmente».

Todo ello se produce después de que España haya vivido como el Gobierno de Sánchez fletaba hasta mediados del año pasado cerca de 100 vuelos de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias para su distribución por distintos puntos de la Península. Estos traslados se produjeron sin informar a las comunidades que, en muchas ocasiones, se enteraban de la llegada de menas por la prensa.

El Gobierno lo niega

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha asegurado que «ninguna queda excluida». La política de Sumar ha apelado a que se han puesto en marcha «criterios que afectan a todos los territorios del país, a todas las comunidades autónomas». «Se trata de dimensionar de una manera equilibrada el sistema de acogida para que sea sostenible en términos de la gestión de un servicio público y en términos de la garantía de derechos», ha subrayado la titular de Infancia.

«Hay territorios que han hecho un esfuerzo previo y hay que reconocerlo»,  ha afirmado en alusión a las dos comunidades que quedarían exentas de recibir menores inmigrantes. «Cataluña tiene casi 4.600 plazas creadas, el 24%, frente, por ejemplo, Madrid que tiene el 10%, unas 1.900 plazas», ha detallado. Sin embargo, fuentes de la Comunidad de Madrid apuntan que en 2024, la comunidad presidida por Ayuso atendió a 2.400 menas. «Lo que debería hacer el Partido Popular es sentarse a trabajar y dejar de bloquear el trabajo de los demás», ha espetado Rego en RNE.

Clavijo se ha manifestado en la misma línea. El presidente de Canarias ha asegurado, en una entrevista en Onda Cero: «No hay ningún acuerdo previo. O sea, vaya por delante que no hay ningún tipo de acuerdo». En su lugar, ha detallado que las variables que influyen en el reparto de menores es «el PIB per cápita o el PIB de la comunidad autónoma, el grado de dispersión».

El líder autonómico ha recriminado al partido con el que cogobierna en el archipiélago que eran «perfectamente conocedores» de los criterios porque «fueron aprobados en la conferencia sectorial del año 22 por unanimidad».

El político de Coalición Canaria ha puesto el foco en el menor, refiriéndose a que, atendiendo a los criterios mencionados, van a ser «atendidos con dignidad». «Es que el menor que se va a trasladar, que ha sufrido un desarraigo, que ha sufrido un trayecto en muchas ocasiones traumático», ha subrayado.