Un millón de trabajadores tiene el convenio congelado a la espera de aclarar la jornada laboral
Los casi 12 meses que han durado las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para poner en marcha la reducción de jornada laboral han supuesto al mismo tiempo una parálisis en la firma de convenios colectivos ante la incertidumbre provocada por cómo quedará la aplicación de las 37,5 horas semanales en miles de empresas y millones de trabajadores que ya tienen convenio colectivo. Las negociaciones de esos acuerdos entre patronal y sindicatos han sufrido una importante merma durante esos meses al no saber cómo adaptarse a la nueva jornada , sobre todo en los negocios que no tienen establecida aún esa reducción. Durante 2024 se acordaron 845 convenios colectivos, que afectaban a 2,3 millones de trabajadores, frente a los 1.146 que se firmaron en 2023 y que vinculaban las condiciones laborales de 3,6 millones de ocupados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Es decir, 301 convenios menos en un año, que han dejado sin actualizar los términos que rigen el puesto de trabajo a 1,3 millones de españoles en todos estos meses. Estos registros ponen de manifiesto las dudas que tienen los empresarios a la hora de afrontar la negociación colectiva en una empresa concreta o un sector determinado sin saber aún cómo quedará legislada la nueva jornada laboral, según apuntan en la patronal. De hecho, la CEOE y Cepyme ya alertaron ante el departamento que dirige Yolanda Díaz que «el anuncio de la propuesta legal -sobre jornada laboral- ha frenado en seco la negociación colectiva». En ese momento, en diciembre del año pasado, Trabajo estaba a punto de rubricar el acuerdo definitivo que ayer pasó por la mesa del Consejo de Ministros sin ningún tipo de cambio. En ese contexto, la patronal también advertía de que la ley «generará tensiones añadidas en la negociación colectiva». Para la organización Fetico, «no se ha contemplado» el impacto en comercio, hostelería y agricultura, sectores con una «atomización» de convenios, que «obligaría a abrir las negociaciones» con conflicto social. Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, mostraron ayer su discrepancia con la reducción de la jornada a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «Quien crea que un autónomo va a contratar a alguien para cubrir ese hueco horario no sabe lo que es pagar una nómina», apuntó Amor en un foro informativo en el que anunció que se presentará a la reelección al frente de la organización de autónomos. Tras ser validado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto pasará por varios trámites hasta que sea aprobado en el Congreso. Ahí es donde se enfrenta a su principal reto ante la falta de mayoría. La vicepresidenta Yolanda Díaz reconoció ayer que ya hay contactos para sacar adelante la reforma. «Tendrá su complejidad y dificultades», admitió la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Todas las miradas se dirigen a Junts , cuyos siete votos vuelven a ser esenciales, aunque Díaz preguntó al PP qué postura va a tomar. A su lado tenía al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha abogado por aplicar medidas para «acompañar» a las pymes. La ley fija que el 31 de diciembre las empresas deben haberse adaptado. Economía quiere plazos flexibles y un despliegue por sectores o tamaño, para evitar un impacto en el tejido económico. Trabajo insiste en que la reducción de la jornada tendrá incremento de la productividad y que, gracias a los márgenes generados durante estos años, las pymes no tendrían problemas.
Los casi 12 meses que han durado las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para poner en marcha la reducción de jornada laboral han supuesto al mismo tiempo una parálisis en la firma de convenios colectivos ante la incertidumbre provocada por cómo quedará la aplicación de las 37,5 horas semanales en miles de empresas y millones de trabajadores que ya tienen convenio colectivo. Las negociaciones de esos acuerdos entre patronal y sindicatos han sufrido una importante merma durante esos meses al no saber cómo adaptarse a la nueva jornada , sobre todo en los negocios que no tienen establecida aún esa reducción. Durante 2024 se acordaron 845 convenios colectivos, que afectaban a 2,3 millones de trabajadores, frente a los 1.146 que se firmaron en 2023 y que vinculaban las condiciones laborales de 3,6 millones de ocupados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo. Es decir, 301 convenios menos en un año, que han dejado sin actualizar los términos que rigen el puesto de trabajo a 1,3 millones de españoles en todos estos meses. Estos registros ponen de manifiesto las dudas que tienen los empresarios a la hora de afrontar la negociación colectiva en una empresa concreta o un sector determinado sin saber aún cómo quedará legislada la nueva jornada laboral, según apuntan en la patronal. De hecho, la CEOE y Cepyme ya alertaron ante el departamento que dirige Yolanda Díaz que «el anuncio de la propuesta legal -sobre jornada laboral- ha frenado en seco la negociación colectiva». En ese momento, en diciembre del año pasado, Trabajo estaba a punto de rubricar el acuerdo definitivo que ayer pasó por la mesa del Consejo de Ministros sin ningún tipo de cambio. En ese contexto, la patronal también advertía de que la ley «generará tensiones añadidas en la negociación colectiva». Para la organización Fetico, «no se ha contemplado» el impacto en comercio, hostelería y agricultura, sectores con una «atomización» de convenios, que «obligaría a abrir las negociaciones» con conflicto social. Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el de la Asociación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, mostraron ayer su discrepancia con la reducción de la jornada a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. «Quien crea que un autónomo va a contratar a alguien para cubrir ese hueco horario no sabe lo que es pagar una nómina», apuntó Amor en un foro informativo en el que anunció que se presentará a la reelección al frente de la organización de autónomos. Tras ser validado por el Consejo de Ministros, el anteproyecto pasará por varios trámites hasta que sea aprobado en el Congreso. Ahí es donde se enfrenta a su principal reto ante la falta de mayoría. La vicepresidenta Yolanda Díaz reconoció ayer que ya hay contactos para sacar adelante la reforma. «Tendrá su complejidad y dificultades», admitió la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Todas las miradas se dirigen a Junts , cuyos siete votos vuelven a ser esenciales, aunque Díaz preguntó al PP qué postura va a tomar. A su lado tenía al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha abogado por aplicar medidas para «acompañar» a las pymes. La ley fija que el 31 de diciembre las empresas deben haberse adaptado. Economía quiere plazos flexibles y un despliegue por sectores o tamaño, para evitar un impacto en el tejido económico. Trabajo insiste en que la reducción de la jornada tendrá incremento de la productividad y que, gracias a los márgenes generados durante estos años, las pymes no tendrían problemas.
