No llames defraudador confeso al defraudador confeso

La causa contra el fiscal general del Estado en el Supremo sigue avanzando y el resultado está cantado. Da igual lo que diga Álvaro García Ortiz este miércoles, cuando por fin declarará como acusado. A juzgar por los escritos del juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, su decisión parece ya tomada: abrirá juicio oral contra el fiscal general, lo sentará en el banquillo. 

No es una apuesta o una profecía. Basta con leer los distintos autos que ha firmado Ángel Hurtado durante esta anómala causa judicial. En todos ellos, desde hace semanas, el juez ha decidido soslayar toda prueba o testimonio que sirviera para exculpar al fiscal general. Y dar por hecha la tesis de la acusación: que fue Álvaro García Ortiz quien filtró esos datos sobre la negociación entre el abogado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía.

Hurtado ha preferido ignorar que tres periodistas de tres medios diferentes –uno de ellos de elDiario.es– han testificado que tuvieron acceso a ese correo electrónico antes de que el fiscal general lo pidiera. 

Hurtado también ha despreciado las pruebas documentales: correos y mensajes de telefonía enviados por periodistas de El País que demuestran otra vez lo mismo: que muchas horas antes de que Álvaro García Ortiz se interesara por esas negociaciones con la Fiscalía, la información circulaba por varias redacciones de Madrid. En su último auto, se niega a que se investigue este asunto, al considerarlo como meras “opiniones”.

Hurtado desprecia como “opiniones” las pruebas que no le encajan, al mismo tiempo que trufa todos sus autos con afirmaciones dudosas, subjetivas y que no se sustentan en datos. La última de ellas está en el último párrafo de su último auto. Allí Hurtado dice lo siguiente sobre Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 

“...parece razonable deducir que ha sido tras la filtración de ese correo de 2 de febrero, con el reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.

Y esto sí es muy llamativo. ¿Acaso González Amador no es un defraudador? ¿Acaso no ha confesado? Vayamos a los datos.

El calificativo de “defraudador” no nace de la prensa. Tampoco de los políticos a los que la pareja de Ayuso ha demandado. Quien acredita que Alberto González Amador ha defraudado a Hacienda es otra institución con autoridad en la materia: la Agencia Tributaria. 

Fueron los inspectores fiscales quienes abrieron una inspección, en mayo de 2022. Es una investigación que duró un año y medio y que ya está cerrada. Es esa inspección la que demuestra el fraude fiscal y las conclusiones de su informe son bastante claras. Según la Agencia Tributaria, Alberto González Amador defraudó 310.951 euros al intentar desgravarse 1,7 millones de euros que nunca pagó, por medio de facturas falsas. 

El fraude como tal ya está acreditado y es pacífico. Nadie lo discute (salvo el juez Ángel Hurtado). Ni siquiera Alberto González Amador, que así lo ha admitido en distintos momentos de esta historia. Lo reconoció durante la propia inspección, al ofrecer a los inspectores de Hacienda anular esas facturas que nunca pagó. Lo volvió a admitir –de manera chapucera– en la declaración del impuesto de Sociedades de 2022, donde quiso añadir como ingresos esos gastos que nunca existieron para intentar cerrar el expediente. Lo admitió después su abogado en febrero de 2024, durante las negociaciones con la Fiscalía, en ese famoso correo (“ciertamente se han cometido dos delitos fiscales”). Y en mayo de 2024 lo volvió a hacer, durante un segundo intento por llegar a un acuerdo de conformidad donde se ofreció a reconocer tres delitos (además de los dos fiscales, el delito de falsedad documental) para así no ir a la cárcel.

En puridad, es cierto que Alberto González Amador aún no es oficialmente un delincuente: solo un presunto delincuente. Para cambiar de categoría debe ser primero condenado por la Justicia. Pero aquí hablamos de otra cosa: del fraude fiscal, no del presunto delito. 

Para que haya un delito fiscal no basta con defraudar a Hacienda. Hay dos requisitos más: que la cantidad defraudada supere los 120.000 euros en un año y que sea un fraude deliberado, no un error involuntario. 

Es eso lo que tiene que sentenciar la Justicia: si ese fraude de 350.000 euros con facturas falsas en dos ejercicios consecutivos es delictivo, como acusa la Fiscalía y Hacienda. Pero el fraude en sí lo certifica la Agencia Tributaria en la vía administrativa. Y en este caso, están todos los pasos dados: una inspección de año y medio con un periodo de alegaciones, que está ya cerrado, y una propuesta de liquidación, que no consta que Alberto González Amador haya recurrido. Porque nadie discute ese fraude: tampoco la pareja de Ayuso, que ha querido devolver ese dinero en varias ocasiones y lo ha querido admitir ante la Justicia a cambio de una condena menor que no suponga su entrada en prisión. 

Así que el daño reputacional que ha sufrido Alberto González Amador no tiene que ver con que en la prensa se le llame defraudador confeso: es consecuencia de haber defraudado a Hacienda por medio de 1,7 millones de euros en facturas falsas. Todo esto, para ahorrarse 350.000 euros después de un pelotazo de dos millones de euros en un contrato de compraventa de mascarillas durante la pandemia. 

El juez Ángel Hurtado defiende con afirmaciones tan dudosas a la pareja de Ayuso al mismo tiempo que se niega a aceptar cualquier diligencia de las que propone la defensa del fiscal general. Entre otras cuestiones, no ha querido investigar el teléfono móvil de la primera persona que filtró a la prensa esas negociaciones con la Fiscalía: Miguel Ángel Rodríguez.

Es un hecho, no una opinión, que el jefe de gabinete de Ayuso mintió ante el Tribunal Supremo. Como testigo, con obligación de decir la verdad, Miguel Ángel Rodríguez aseguró que nadie de elDiario.es se había puesto en contacto con él antes de publicar la primera información sobre el fraude de la pareja de Ayuso. Es completamente falso, como acreditan las pruebas que aportó esta redacción ante el Tribunal Supremo.

Miguel Ángel Rodríguez ha mentido ante el Supremo y no le pasará nada. No es tampoco la primera vez que un testigo le miente al juez Hurtado a la cara.

Ángel Hurtado fue uno de los jueces que tomó declaración a Mariano Rajoy en el caso Gürtel, en 2017. Allí mintió sin rubor alguno. La propia sentencia de la Gürtel, del Tribunal Supremo, así lo acreditó, años más tarde. Pero al margen del reproche social –si es que tal cosa ocurrió–, Rajoy no tuvo problema alguno por mentir en el juzgado.

Ángel Hurtado fue también el único juez de ese tribunal que se opuso a que M. Rajoy fuera citado a declarar como testigo. Presentó incluso un voto particular contra el criterio de los otros dos jueces de ese tribunal. Hurtado argumentaba que no era necesario llamar a declarar al entonces presidente del Gobierno porque su testimonio era redundante: porque la caja B del PP ya estaba acreditada por otros testigos.

Solo un año después, en 2018, Ángel Hurtado también fue el único juez del tribunal de la Gürtel que se opuso a que el PP fuera condenado a título lucrativo. De nuevo presentó un voto particular frente a la sentencia, donde argumentó que esa caja B del PP –la misma que un año antes decía que estaba acreditada– era algo “colateral”, sin la mayor importancia. Una contabilidad en B, según Hurtado, “con la que parece colocarse al Partido Popular en una dinámica de corrupción institucional, cuando a dicho Partido no se le ha enjuiciado por actividad delictiva alguna”.

Ese voto particular no prosperó. El Tribunal Supremo confirmó después la condena al PP  de la que Hurtado discrepaba.

Dos años más tarde de esa actuación en la Gürtel, Ángel Hurtado fue ascendido. La mayoría conservadora –nombrada por el PP– en el anterior Consejo General del Poder Judicial lo apoyó para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en el clásico intercambio de cromos con una parte del bloque progresista. Fue una decisión más que polémica porque en aquel momento el CGPJ llevaba casi dos años con el mandato caducado. Estaba fuera de su mandato democrático, que el PP alargó artificialmente por medio de un bloqueo. 

Y así llegó Ángel Hurtado al Tribunal Supremo. Salvo que él decida otra cosa, se quedará allí hasta que se jubile.