Los españoles ya nos jubilamos con más de 65 años, pero las cuentas siguen sin cuadrar
La jubilación verdadera, independiente de la que marca la ley, continúa retrasándose poco a poco en España con un abandono del mercado laboral que ya supera ampliamente los 65 años. En 2024, la edad real de retiro de los ciudadanos se situó, de media, en los 65,2 años, lo que supone un paso más con respecto al dato del ejercicio anterior (65,1 años), según indican los últimos datos anuales proporcionados por el Ministerio de Seguridad Social, donde se cuantifican las altas nuevas de los más de seis millones de jubilados. El incremento de esa edad de retiro de los trabajadores ha sido una constante en la última década: desde los poco más de 64 años en los que se encontraba en 2015 hasta consolidarse ahora por encima de los 65, una cota que se encuentra en la mente de los trabajadores como momento vital en el que aspiran a jubilarse. Esta tendencia al alza se ha visto condicionada por las reformas del sistema de pensiones que se materializó en 2011, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando elevó la edad legal (la que establece la normativa, no la práctica) hasta los 67 años en un calendario progresivo que comenzó entonces y que culminará en 2027. Además, los cambios incorporados a lo largo de estos últimos años en la normativa también han condicionado el hecho de que una parte de los empleados se mantengan en sus puestos de trabajo hasta alcanzar los requisitos de las nuevas leyes: ampliación de los años que la Seguridad Social toma como referencia para calcular el importe de la pensión, al pasar de los 15 años previos al retiro a los 25 años actuales; así como las penalizaciones que el sistema aplica en caso de que un cotizante decida jubilarse con anticipación de forma voluntaria, y que supone recortes de la pensión de hasta un 28% si se adelanta ese momento en hasta dos años. Con el paso de los meses, cada vez hay más ciudadanos que retrasan su retiro y, además , cada vez menos anticipan su jubilación. En 2024, una tercera parte de las altas registradas en la Seguridad Social eran anticipadas, es decir, con hasta dos años previos a la edad legal que les correspondía a esos ciudadanos. El otro 70% eran jubilaciones ordinarias, esto es, las que se hicieron en el momento que correspondía según la normativa. Por poner ese dato en perspectivas, hace apenas cinco años, más del 40% de las jubilaciones eran anticipadas. A pesar de las penalizaciones que conlleva ese adelanto del retiro, la pensión media de jubilación de este colectivo que se sale del mercado laboral de forma anticipada sigue siendo muy superior a la de quienes se esperan al momento marcado por la ley: 1.769 euros al mes, de media, correspondió a esos ciudadanos que se jubilaron en 2024; frente a los 1.481 euros de los que formalizaron su retiro cuando les correspondía. Quienes se jubilan anticipadamente lo hacen con prestaciones mucho más elevadas, por las carreras que han tenido, lo que les compensa aun con el recorte. A pesar del retraso en la edad de jubilación efectiva que se ha implantado en España en la última década, las cuentas del sistema de pensiones se encuentran cada vez más tensionadas. Aunque los ingresos han superado los 230.000 millones de euros en 2024, el Estado ha tenido que inyectar 54.000 millones para que la Seguridad Social pudiera hacer frente a unos gastos totales que superaron los 242.000 euros , según el avance calculado por Fedea. Y aunque la diferencia entre prestaciones contributivas y cotizaciones sociales no era demasiado amplia, los gastos asumidos para conceptos como complementos a mínimos y otro tipo de prestaciones elevan el déficit del sistema, cuya deuda supera ya los 126.000 millones de euros, prácticamente el doble que antes de la pandemia. Todas las miradas se ciñen ahora al examen que la Autoridad Fiscal (Airef) debe publicar esta primavera tras las reformas de 2021 a 2023. Deberá determinar si son necesarios más ingresos o si el gasto se está desviando y, por tanto, hay que ajustarla, o si es necesaria una combinación de ambos factores de sostenibilidad.
La jubilación verdadera, independiente de la que marca la ley, continúa retrasándose poco a poco en España con un abandono del mercado laboral que ya supera ampliamente los 65 años. En 2024, la edad real de retiro de los ciudadanos se situó, de media, en los 65,2 años, lo que supone un paso más con respecto al dato del ejercicio anterior (65,1 años), según indican los últimos datos anuales proporcionados por el Ministerio de Seguridad Social, donde se cuantifican las altas nuevas de los más de seis millones de jubilados. El incremento de esa edad de retiro de los trabajadores ha sido una constante en la última década: desde los poco más de 64 años en los que se encontraba en 2015 hasta consolidarse ahora por encima de los 65, una cota que se encuentra en la mente de los trabajadores como momento vital en el que aspiran a jubilarse. Esta tendencia al alza se ha visto condicionada por las reformas del sistema de pensiones que se materializó en 2011, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando elevó la edad legal (la que establece la normativa, no la práctica) hasta los 67 años en un calendario progresivo que comenzó entonces y que culminará en 2027. Además, los cambios incorporados a lo largo de estos últimos años en la normativa también han condicionado el hecho de que una parte de los empleados se mantengan en sus puestos de trabajo hasta alcanzar los requisitos de las nuevas leyes: ampliación de los años que la Seguridad Social toma como referencia para calcular el importe de la pensión, al pasar de los 15 años previos al retiro a los 25 años actuales; así como las penalizaciones que el sistema aplica en caso de que un cotizante decida jubilarse con anticipación de forma voluntaria, y que supone recortes de la pensión de hasta un 28% si se adelanta ese momento en hasta dos años. Con el paso de los meses, cada vez hay más ciudadanos que retrasan su retiro y, además , cada vez menos anticipan su jubilación. En 2024, una tercera parte de las altas registradas en la Seguridad Social eran anticipadas, es decir, con hasta dos años previos a la edad legal que les correspondía a esos ciudadanos. El otro 70% eran jubilaciones ordinarias, esto es, las que se hicieron en el momento que correspondía según la normativa. Por poner ese dato en perspectivas, hace apenas cinco años, más del 40% de las jubilaciones eran anticipadas. A pesar de las penalizaciones que conlleva ese adelanto del retiro, la pensión media de jubilación de este colectivo que se sale del mercado laboral de forma anticipada sigue siendo muy superior a la de quienes se esperan al momento marcado por la ley: 1.769 euros al mes, de media, correspondió a esos ciudadanos que se jubilaron en 2024; frente a los 1.481 euros de los que formalizaron su retiro cuando les correspondía. Quienes se jubilan anticipadamente lo hacen con prestaciones mucho más elevadas, por las carreras que han tenido, lo que les compensa aun con el recorte. A pesar del retraso en la edad de jubilación efectiva que se ha implantado en España en la última década, las cuentas del sistema de pensiones se encuentran cada vez más tensionadas. Aunque los ingresos han superado los 230.000 millones de euros en 2024, el Estado ha tenido que inyectar 54.000 millones para que la Seguridad Social pudiera hacer frente a unos gastos totales que superaron los 242.000 euros , según el avance calculado por Fedea. Y aunque la diferencia entre prestaciones contributivas y cotizaciones sociales no era demasiado amplia, los gastos asumidos para conceptos como complementos a mínimos y otro tipo de prestaciones elevan el déficit del sistema, cuya deuda supera ya los 126.000 millones de euros, prácticamente el doble que antes de la pandemia. Todas las miradas se ciñen ahora al examen que la Autoridad Fiscal (Airef) debe publicar esta primavera tras las reformas de 2021 a 2023. Deberá determinar si son necesarios más ingresos o si el gasto se está desviando y, por tanto, hay que ajustarla, o si es necesaria una combinación de ambos factores de sostenibilidad.
