La Guardia Civil investiga a dirigentes del PP andaluz por tráfico de influencias en la licencia de un tanatorio privado en Sevilla

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha detectado indicios de delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y administrativa, y administración desleal en la investigación contra tres dirigentes del PP de Sevilla, por paralizar durante ocho años el proyecto de un tanatorio público en Mairena del Alcor y autorizar –en cinco meses– otro privado a la promotora familiar de uno de los cargos investigados: Francisco Jesús Rodríguez Roa, miembro de la ejecutiva regional del presidente Juan Manuel Moreno y actual consejero de la RTVA por designación de su partido.

La Guardia Civil ha investigado estos hechos –a instancias del juez que abrió diligencias previas en junio de 2024– y ha hallado en ellos indicios de cuatro ilícitos penales, según consta en el informe remitido al juzgado con fecha de 13 de enero, al que ha tenido acceso este periódico. Además de ampliar los delitos que había denunciado el PSOE de Mairena del Alcor en abril, la Guardia Civil suma otros dos nombres a la lista de presuntos autores, donde ya figuraban Ricardo Sánchez, presidente del PP de Sevilla, delegado de la Junta de Andalucía en la capital y exalcalde de Mairena del Alcor; y Juan Manuel López Domínguez, actual alcalde del municipio sevillano.

Una de esas nuevas incorporaciones a la investigación es José Navarro Gómez, quien fue delegado de Urbanismo en el Consistorio mairenero entre 2015 y 2023. Actualmente preside el PP de Mairena del Alcor y ocupa un cargo de asesor en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (gobernado también por los populares). El otro nombre es el de José Antonio García Gascón, el asesor jurídico que, según la Guardia Civil, autorizó de forma “irregular” la concesión de licencia de obra mayor en beneficio de la empresa familiar de Rodríguez Roa.

Los hechos investigados

El caso del tanatorio de Mairena del Alcor se remonta al año 2015. Fue entonces cuando el Ayuntamiento –con el actual líder del PP de Sevilla a la cabeza– aprobó en un pleno por unanimidad el proyecto de construcción de un tanatorio municipal, muy demandado por los vecinos. Un año después, en 2016, el Consistorio dio luz verde al anteproyecto del tanatorio. Pero la construcción nunca echó a andar y el proyecto de un centro funerario municipal se guardó en un cajón durante ocho años.

Entretanto, el mismo Consistorio –ya con Juan Manuel López al frente– autorizó en 2021 la licencia de obras para hacer un tanatorio privado (hoy ya construido) en otra ubicación del mismo municipio de 24.000 habitantes. El PSOE local denunció un “pelotazo urbanístico”, toda vez que la empresa adjudicataria de este proyecto pertenece a la familia de un alto dirigente del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa, y de la que formó parte como trabajador durante ocho años.

Los socialistas en Mairena del Alcor llevaron el caso a los tribunales en abril de 2024, convencidos de que la correspondiente investigación judicial desembocará en la primera imputación de dirigentes del PP en la ejecutiva del presidente Moreno. El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Carmona (Sevilla), Francisco José Córdoba, abrió diligencias previas en junio y ordenó a la Policía Judicial de la Guardia Civil que investigara si tras la paralización del tanatorio municipal de Mairena del Alcor se esconde un delito de prevaricación y tráfico de influencias, como apuntan los socialistas en su denuncia.

“Indicios racionales” de tráfico de influencias

Tras meses de investigación, durante los cuales se decretó el secreto de sumario para “evitar filtraciones indebidas” dado que afectaba “a una administración pública y a personas que regentan cargos públicos”, la Policía Judicial de la Guardia Civil concluye en su informe que “podríamos estar ante la comisión de ilícitos penales relacionados con todas las acciones de los responsables municipales, sus asesores y mercantiles, por haber permitido la construcción del tanatorio [vinculado a la empresa familiar de Rodríguez Roa]”.

Entre las infracciones al Código Penal detectadas, la Guardia Civil coincide con el denunciante en señalar que “existen indicios racionales a un presunto delito de tráfico de influencias” al acreditarse la “prevalencia de los cargos públicos y su relación entre sí, en favor de un interés económico de por medio”. La Policía Judicial lo argumenta poniendo el foco en la “excelente y exquisita diligencia administrativa” que dedicó la administración municipal a la hora de emitir los informes técnicos, jurídicos y resoluciones que requería la empresa vinculada al alto cargo del PP andaluz (Previpaz S.L.), “todas favorables en muy corto espacio de tiempo”.

Esa celeridad en la gestión –tardó cinco meses en ponerse en marcha– contrasta con la parálisis que sufre el proyecto municipal y con la lentitud con la que se tramitó otra iniciativa de naturaleza privada que surgió con anterioridad, según lo refleja el informe. La Guardia Civil considera este punto “un indicio relevante” de ese trato de favor que se denuncia, en la medida en que los responsables municipales obraron con “extremada diligencia administrativa” en el caso de la iniciativa afín a su partido (llegando a firmar “en un solo día” varios informes técnicos, jurídicos o resoluciones, incluso en domingo), mientras que el proyecto de otra mercantil que solicitó la licencia ocho meses antes se fue dilatando hasta que terminó “abandonándolo”.

Prevaricación administrativa y urbanística

A juicio de la Policía judicial, el posible tráfico de influencias también se pone de manifiesto en “la permisibilidad” de la administración a la hora de conceder la licencia requerida, a pesar de “los reiterados incumplimientos de los trámites de audiencia” que exige la ley, y de “permitir llevar a cabo las obras de los reformados sin la preceptiva licencia de obra mayor o declaración responsable” y de “no llevar a cabo labor inspectora de las obras que tiene encomendada la Agencia Urbanística en más de dos años”. Por todo ello, el informe concluye en este punto que “todos [los responsables municipales y asesores] tenían conocimiento y no se actuó con arreglo a la normativa vigente, y en favor de la mercantil Previpaz S.L.”.

La Policía Judicial también entiende que de la tramitación del tanatorio privado se deriva un presunto delito de prevaricación administrativa, al considerar “irregular” la emisión de las resoluciones asociadas al mismo. Según argumenta el informe, la administración “concede la licencia de obra mayor a sabiendas de que no se había cumplido en tiempo y forma” el trámite de audiencia legalmente exigido. El informe de la Guardia Civil apunta así como “cooperador necesario” al asesor jurídico que autorizó la concesión de licencia de obra mayor y la transmisión de la titularidad de esa licencia, aun cuando “los plazos de los trámites de audiencia han sido incumplidos manifiesta y reiteradamente”.

En relación con este punto, la Guardia Civil incorpora el delito de prevaricación urbanística, ya que la promotora llevó a cabo “las obras del reformado de bar/cafetería/cocina y la zona de instalación del horno crematorio, sin la preceptiva licencia de obra o declaración responsable”. Estos añadidos están hoy “ejecutados en su totalidad”, como así “queda patente en las inspecciones realizadas recientemente” por la propia Policía Judicial “y por los servicios técnicos del Ayuntamiento”, como garantiza el informe. En este punto se recuerda que la administración local tiene “la obligación de vigilar los servicios urbanísticos”, pero en este caso el Ayuntamiento de Mairena del Alcor obró “omitiendo en todo momento la realización de inspecciones de carácter obligatorio (...) y no se hizo nada al respecto”.

Lista de presuntos autores

Junto a esos delitos, la Guardia Civil señala también el de administración desleal, que atribuye al actual líder del PP de Sevilla y delegado de la Junta de Andalucía en la capital, Ricardo Sánchez. Según el informe, Sánchez habría causado “un perjuicio para el patrimonio público gestionado por su cargo”, durante su etapa como alcalde de Mairena del Alcor (función que desempeñó entre 2011 y 2019). En concreto, el informe menciona un “gasto de 21.118,76 euros” destinados a la redacción del proyecto constructivo y de explotación del tanatorio público, iniciado en 2015 “sin fecha concreta ni firma”, y abandonado posteriormente. Dicho proyecto, además, fue planteado sobre “suelo no urbanizable”, sin que se impulsara la modificación necesaria del planeamiento general para iniciar su construcción.

El resto de infracciones legales recaen sobre el número dos de Sánchez y actual alcalde, Juan Manuel López; sobre el anterior concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mairena y hoy asesor técnico en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, José Navarro Gómez; así como sobre “los administradores de las mercantiles Gesit Trazabilidad de Proyectos SL y Previpaz SL”, empresas que ejecutaron y promovieron el proyecto del tanatorio ya construido, y “quienes se han beneficiado de esa prevalencia que ha influido en beneficio del desarrollo del proyecto tanatorio”, según las conclusiones de la Guardia Civil.

A partir del contenido de este informe elaborado por la Policía Judicial, el juez encargado del caso tendrá que decidir a quién cita a declarar y a quién imputa, en función de los indicios detectados. Así, continuará avanzando el proceso judicial abierto contra varios dirigentes del PP en torno a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencia.