El BNG insta a Rueda a negociar la quita de deuda y los traspasos a cuenta
La portavoz del BNG en el Parlamento, Noa Presas, trasladó ayer al Gobierno gallego las medidas que defiende la formación nacionalista en el ámbito económico para la Comunidad, de cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo 26 de febrero, el organismo de coordinación entre Hacienda y las autonomías. Entre sus reivindicaciones, subrayó la negociación para la quita de la deuda y el traspaso de las entregas a cuenta pendientes (700 millones del Gobierno central a Galicia), tras quedarse fuera del decreto omnibus que fue aprobado finalmente por el PSOE tras asegurarse el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados. Presas dedicó buena parte de su intervención a criticar el aumento del endeudamiento Galicia. «Una deuda que, según los datos del Banco de España, superó en el tercer trimestre de 2024 los 12.154 millones de euros, el 15% del PIB» , añadió. Un incremento de deuda que no se refleja en la mejora de los servicios sanitarios, afeó la portavoz nacionalista, que instó a «rebajar los fuegos artificiales» ante un pasivo «superior al presupuesto de la consellería de Política Social» en un «contexto de límite de déficit y pérdida de recursos extraordinario». «Las gallegas y los gallegos tienen que saber que cada una de nosotras tenemos, gracias al PP, una hipoteca de casi 4.500 euros por cabeza », afirmó Presas. Las preguntas, dirigidas al secretario general Técnico y del Tesoro, David Cabaño, obtuvieron la réplica por parte del mismo durante la sesión parlamentaria. Como ya había aclarado el conselleiro de Facenda, Cabaño explicó que la condonación de deuda es «un mal negocio para Galicia», ya que «no desaparece», sino que se «redistribuye» entre todos los españoles , favoreciendo a las comunidades más endeudadas, entre las que no se encuentra la gallega. En el caso de la Comunidad, el secretario general especificó que cada gallego dejaría de asumir 896 euros y tendría que afrontar 1.366 euros por la deuda conjunta de las autonomías. Además, ello no permitiría aumentar el gasto en sanidad o demás partidas sociales y conllevaría que España detrajese recursos de políticas de gasto para afrontar la deuda. El objetivo, continuó Cabaño, es la reforma del sistema de financiación, para que se tengan en cuenta las variables por las que el coste de los servicios es mayor en Galicia que en otros territorios, como la dispersión o el envejecimiento.
La portavoz del BNG en el Parlamento, Noa Presas, trasladó ayer al Gobierno gallego las medidas que defiende la formación nacionalista en el ámbito económico para la Comunidad, de cara al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo 26 de febrero, el organismo de coordinación entre Hacienda y las autonomías. Entre sus reivindicaciones, subrayó la negociación para la quita de la deuda y el traspaso de las entregas a cuenta pendientes (700 millones del Gobierno central a Galicia), tras quedarse fuera del decreto omnibus que fue aprobado finalmente por el PSOE tras asegurarse el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados. Presas dedicó buena parte de su intervención a criticar el aumento del endeudamiento Galicia. «Una deuda que, según los datos del Banco de España, superó en el tercer trimestre de 2024 los 12.154 millones de euros, el 15% del PIB» , añadió. Un incremento de deuda que no se refleja en la mejora de los servicios sanitarios, afeó la portavoz nacionalista, que instó a «rebajar los fuegos artificiales» ante un pasivo «superior al presupuesto de la consellería de Política Social» en un «contexto de límite de déficit y pérdida de recursos extraordinario». «Las gallegas y los gallegos tienen que saber que cada una de nosotras tenemos, gracias al PP, una hipoteca de casi 4.500 euros por cabeza », afirmó Presas. Las preguntas, dirigidas al secretario general Técnico y del Tesoro, David Cabaño, obtuvieron la réplica por parte del mismo durante la sesión parlamentaria. Como ya había aclarado el conselleiro de Facenda, Cabaño explicó que la condonación de deuda es «un mal negocio para Galicia», ya que «no desaparece», sino que se «redistribuye» entre todos los españoles , favoreciendo a las comunidades más endeudadas, entre las que no se encuentra la gallega. En el caso de la Comunidad, el secretario general especificó que cada gallego dejaría de asumir 896 euros y tendría que afrontar 1.366 euros por la deuda conjunta de las autonomías. Además, ello no permitiría aumentar el gasto en sanidad o demás partidas sociales y conllevaría que España detrajese recursos de políticas de gasto para afrontar la deuda. El objetivo, continuó Cabaño, es la reforma del sistema de financiación, para que se tengan en cuenta las variables por las que el coste de los servicios es mayor en Galicia que en otros territorios, como la dispersión o el envejecimiento.
