Sigue la guerra judicial contra la Corte: la Cámara Comercial convocó a un acuerdo extraordinario para la próxima semana

La guerra de la Justicia nacional contra la Corte Suprema sigue sin pausa para enfrentar el fallo que obliga a apelar sus decisiones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial decidió convocar a un acuerdo extraordinario para el próximo lunes para decidir si convoca a un plenario donde se establezca una jurisprudencia obligatoria acerca de si enviarán o no a la Justicia porteña todos sus fallos, incluidos los concursos de acreedores y quiebras que dispongan en el fuero para su revisión.

Este alzamiento de la Cámara Comercial le sigue al rechazó que expresó ayer la Cámara Civil contra la decisión de la Corte de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad sea la apelación obligatoria de todas las causas del fuero.

También hubo un rechazo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que pidió suspender ese fallo conocido como Levinas y que la Corte reconsidere su decisión.

Mañana la Corte se reúne en el primer acuerdo de jueces del año -integrada solo con tres magistrados nada más- y parece que no está dispuesta a dar marcha atrás. Aunque ahora haya solo dos jueces con esta posición, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y uno en disidencia, Carlos Rosenkrantz.

La resistencia de la Cámara Comercial se inició con un pedido de los jueces Alejandra Tévez (presidenta del tribunal) y Ernesto Lucchelli, de la Sala F, dirigido al vicepresidente primero del tribunal Héctor Chomer.

Allí los dos magistrados le reclamaban la convocatoria a un plenario para evitar sentencias contradictorias respecto a la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para revisar sentencias de la Cámara Comercial.

Dijeron que con el fallo Levinas se pueden dar posturas contradictorias, ya que algunas salas de la Cámara pueden coincidir en enviar sus recursos a la Ciudad y otras pueden decidir enviarlos a la Corte, como hasta ahora.

Los jueces mencionaron que puede dar una “autoconvocatoria” a un plenario para unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias, con una “finalidad preventiva”, para evitar decisiones contradictorias en el futuro.

“La necesidad de brindar certeza y claridad en tiempo útil al justiciable y a todo el sistema de administración de justicia subordinado a ese tribunal colegiado amerita la reunión en pleno del cuerpo, con el fin de zanjar divergencias como la que se presenta”, dijeron los magistrados.

Y resaltaron que hay “gravedad institucional” en el fallo Levinas lo que es “motivo determinante de la presente solicitud de ‘autoconvocatoria. Además es necesario, dijeron, ”darle certeza a los justiciables acerca de las vías de apelación procedentes.”

Los camaristas pidieron la autocovocatoria para evitar la inseguridad jurídica y el juez Chomer decidió convocar a un acuerdo extraordinario para el lunes próximo a las 11 donde se decidirá si se realiza un plenario y con que alcances.

El pronunciamiento de la Cámara es parte de la guerra judicial de los jueces nacionales contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido como Levinas de la última semana del 2024. La Corte Suprema tomó la decisión de enviar las causas en apelación al Tribunal Superior de Justicia porteño mediante esa sentencia “Levinas”, que significó un avance en el reconocimiento de la autonomía judicial porteña.

También determinó que la “Corte local” se convierta en tribunal de alzada de las causa de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales de la justicia nacional con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Los jueces nacionales, que resisten el traspaso, se oponen al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema porque lo consideran ilegal, ya que entienden que modifica todo el sistema de funcionamiento del Poder Judicial a partir de la definición de una causa determinada.

Los fallos de la Corte Suprema no obligan a ninguna instancia inferior. Por eso, al echar mano a esa independencia judicial, es que las cámaras están trazando una estrategia para evitar que los casos en apelación vayan al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Entre esas causas se cuenta no solo el precedente del caso Levinas, que dio origen a este conflicto, sino la causa del Correo Argentino, donde la familia Macri pidió apartar a la jueza y a la fiscal que dispusieron la quiebra de la empresa ante una deuda millonaria que les reclama el Estado Nacional. Ahora esa causa la resolverá el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, donde tres de sus cinco miembros tienen vínculos con Pro.