México, rehén de la crisis migratoria: tres gobiernos, el mismo error

Desde Enrique Peña Nieto hasta Claudia Sheinbaum, la relación migratoria de México con Estados Unidos ha seguido un patrón invariable: aceptar las demandas de Washington para evitar sanciones comerciales, sin negociar beneficios tangibles.

Cada administración ha enfrentado amenazas de aranceles o bloqueos comerciales, cada una ha desplegado fuerzas de seguridad para contener la migración, y cada una ha reaccionado sin imponer sus propios términos.

Ahora, en 2025, el gobierno de Sheinbaum enfrenta el mismo dilema. Pero con una diferencia clave: El Salvador sí supo negociar y ha desplazado a México como el socio estratégico de Trump en seguridad y migración.

El patrón de concesión sin reciprocidad

Desde 2014, México ha asumido el papel de contención migratoria de Estados Unidos sin exigir una contraprestación.

En 2014, bajo presión estadounidense, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó el Programa Frontera Sur, un esfuerzo por controlar el flujo migratorio desde Guatemala y Belice. La medida redujo la migración en el corto plazo, pero sin que Estados Unidos ofreciera apoyo económico ni acuerdos laborales para México.

En 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador enfrentó la amenaza de aranceles del 5% escalables hasta el 25%. La respuesta fue el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y la aceptación del programa “Quédate en México”, en el que los solicitantes de asilo debían esperar su proceso en territorio mexicano.

En diciembre de 2023, Estados Unidos cerró varios cruces fronterizos, incluidos Eagle Pass y El Paso, argumentando que sus agentes aduanales debían ser reubicados para contener la crisis migratoria. El impacto fue inmediato: bloqueo del comercio, retrasos logísticos y presión empresarial en ambos lados de la frontera.

Para evitar mayores afectaciones económicas, López Obrador accedió rápidamente a intensificar la contención migratoria y a despresurizar la frontera, sin obtener ninguna compensación a cambio.

En 2025, Sheinbaum repitió la misma estrategia, pero con más exigencias. El 23 de enero de 2025, México ya había cumplido con cuatro vuelos de deportados, reinstalado “Quédate en México” y movilizado 30 mil elementos de la Guardia Nacional.

Aun así, Trump amenazó con un arancel del 25%. Para evitarlo, México desplegó 10 mil efectivos adicionales en la frontera norte.

El resultado es claro: México ya había cumplido todas las exigencias antes de la amenaza arancelaria, pero aun así tuvo que hacer más concesiones.

Bukele entendió el juego, México no

Mientras México sigue pagando el costo de la crisis migratoria sin recibir nada a cambio, El Salvador negoció un acuerdo con Trump que sí le reporta beneficios tangibles.

El Salvador aceptó deportados de cualquier nacionalidad, incluyendo criminales estadounidenses, a cambio de financiamiento para su sistema penitenciario. Bukele convirtió su modelo de seguridad en una pieza clave de la estrategia de Trump, asegurando recursos y apoyo político.

México, en cambio, ha asumido las mismas funciones sin recibir ni un solo dólar adicional.

El Salvador convirtió la migración en un activo negociable. México, en contraste, sigue actuando a la defensiva, sin imponer sus propios términos.

El 4 de marzo: Otra fecha límite sin garantía de éxito

El arancel del 25% no ha sido eliminado, solo pausado. Esto deja abierta la posibilidad de nuevas presiones por parte de Estados Unidos. México ya ha aceptado vuelos con deportados, reforzado su frontera con 40 mil elementos de la Guardia Nacional y reinstalado parcialmente Quédate en México. Sin embargo, Trump podría exigir aún más: mayor número de deportaciones, más efectivos en la frontera y un control más estricto en la frontera sur, trasladando a México la carga total de la crisis sin ofrecer ninguna compensación.

Antes del fin

Desde Peña Nieto hasta Sheinbaum, México ha aceptado imposiciones unilaterales sin exigir una contraparte. Ha desplegado fuerzas de seguridad, ha contenido flujos migratorios y ha asumido costos políticos y económicos, todo sin obtener un solo beneficio tangible.

Mientras El Salvador negoció su papel y obtuvo financiamiento, México sigue absorbiendo la crisis como si fuera su responsabilidad exclusiva.

El gobierno de Sheinbaum aún tiene margen para corregir el rumbo, pero solo si cambia de estrategia. Ceder sin condiciones ha dejado de ser una opción. México debe imponer sus propios términos antes de que el costo de la sumisión sea mayor que el de la negociación.