Deducciones indebidas y sociedad en Malta: los pleitos fiscales del fundador de Securitas Direct España

Un tribunal de Madrid ha confirmado una regularización de 600.000 euros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a Luis Gil Lasa, fundador de Securitas Direct en España. El empresario se desgravó indebidamente gastos personales de más de 850.000 euros con una sociedad patrimonial que maneja millones en inmuebles de lujo y ha tenido como accionista a una firma de Malta.

El litigio ha aflorado en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge que en marzo de 2016 la AEAT abrió una inspección a Gil y a su sociedad patrimonial, entonces llamada Tecnola Invest, que se saldó, entre otras actuaciones, con actas por el IRPF del empresario de los ejercicios 2012 a 2015 por importe de 307.652 euros.

De esa cifra, 121.810,34 euros fueron sanciones, incluyendo una multa de 70.480 euros por una infracción grave en el ejercicio 2012, por “determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras”.

Tras esas actas, el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid desestimó hasta ocho reclamaciones de Gil Lasa. El caso acabó en la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, que en 2023 estimó total o parcialmente dos reclamaciones de Tecnola Invest sobre el IVA de 2016 y 2019 y ahora ha rechazado gran parte de las pretensiones del magnate de las alarmas.

Según la resolución, entre 2012 y 2014 “Tecnola contabiliza y satisface una serie de gastos que la Inspección no considera relacionados con la actividad empresarial, sino que corresponden a la esfera personal del recurrente, socio al 99,99%”. 

Fueron 853.670,97 euros en gastos que Tecnola se dedujo indebidamente en “mantenimiento, reparación, combustible y limpieza de un barco propiedad del recurrente, marca Princess V65”, un yate con unos 20 metros de eslora y capacidad para ocho pasajeros; en “reparación de automóviles de alta gama (Bentley, Porsche, Audi A6, Audi A7)”; y “por adquisición de una serie de bienes y servicios relacionados con el mantenimiento y la mejora de la vivienda habitual del recurrente” en una de las zonas más caras de Madrid, “como mobiliario, lámparas, cortinas, artículos de decoración, instalaciones varias (lucernarios), reparaciones, mejoras y jardinería”.

La AEAT regularizó esos gastos tras la inspección con la “conformidad” de Gil “pues no son deducibles porque se trata de liberalidades”. Pero Hacienda determinó que debían considerarse rendimientos del capital mobiliario en el IRPF del multimillonario, como si se hubiera embolsado un dividendo.

El empresario recurrió argumentando que “el pago por la sociedad de gastos personales del socio no constituye una retribución por su condición de partícipe, esto es, una retribución de los fondos propios”, sino una “devolución de aportaciones”, que “si bien no puede ser un gasto deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades (motivo por el que se ha prestado la conformidad en la regularización de la sociedad), tampoco puede calificarse como un ingreso del socio, pues se le estaría haciendo tributar por una capacidad económica ficticia e irreal”. 

El TSJM lo rechaza porque esas cantidades “se habían deducido como gastos en sede del Impuesto sobre Sociedades como si estuvieran relacionados con la actividad empresarial”. Y “esta parte de la regularización tributaria ha de ser confirmada, lo que conlleva que no proceda rectificación alguna de los rendimientos del capital mobiliario del ejercicio 2012, inicialmente negativos en la autoliquidación del contribuyente (-498.683,70 euros) y que pasan a ser positivos por importe de 100.686,29 euros”, dice la sentencia. 

Gil Lasa sí ha logrado que el TSJM acepte la reducción del 30% que, contra el criterio de la AEAT, se aplicó por un pago extraordinario de 844.499 euros del grupo Securitas Direct-Verisure tras la cancelación, en enero de 2015, del programa de retribución variable que tenía asignado al dejar de ejercer las funciones de presidente en la plataforma Sur, responsable “de los países de España, Francia, Portugal, Chile, Perú y Brasil”, y “pasar a ser Presidente de Expansión, Desarrollo de Negocio y Adquisiciones (puesto sin retribución variable asignada)”. 

Según la sentencia, “no estamos ante el pago del bonus que se satisfacía con una periodicidad anual”, sino ante “un rendimiento percibido como consecuencia de la modificación de las condiciones de trabajo y, como tal, obtenido de forma notoriamente irregular en el tiempo”. Por eso “la reducción de 90.000 euros que había consignado es conforme a derecho, debiendo anularse el acuerdo de liquidación en dicho extremo”.

Fuera del foco

No consta si la Agencia Tributaria ha investigado las sociedades a las que Luis Gil ha estado vinculado en Malta o Chipre, territorios de la UE que España llegó a tener en su lista de paraísos fiscales. En Chipre, el empresario administró hasta su disolución en julio de 2023 Hyndostar LTD y, hasta 2021, Gateactive LTD y Letomia Holdings LTD.

Otra firma creada en Malta en 2012, Maltaco Global Invest LTD, era accionista de Tecnola Invest, de acuerdo con la base de datos Offshore Leaks, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La firma, según el registro de Malta, se declaró en quiebra a finales de 2020. Securitas Direct no ha respondido a las preguntas planteadas por este medio.

Gil Lasa nunca ha figurado en las listas de mayores fortunas españolas, aunque podría hacerlo a la vista de los activos manejados por alguna de sus empresas. Junto a su esposa administra Tecnola, hoy Securholds Spain, que en 2020 (último ejercicio del que hay cuentas disponibles en el Registro Mercantil) declaró activos de 55 millones, frente a los 92 millones de un año antes. En su mayor parte eran inversiones en ladrillo, cerca de sesenta inmuebles.

Muchos están en el pequeño municipio menorquín de Sant Lluis, que alberga una de las mejores calas de esa isla. Allí Tecnola tenía en 2020 varios suelos y quince exclusivas viviendas con entre 313 y 1.100 metros cuadrados de superficie, según información del Catastro. También era propietaria de terrenos, viviendas, garajes y oficinas en Alcobendas (Madrid), en la urbanización La Finca, de Pozuelo [donde están las oficinas centrales de Securitas Direct en España], en Huesca y en la capital.

La web de Tecnola ofrece a sus clientes “una manera diferente de disfrutar su tiempo” con servicios “de alquiler de Villas exclusivas, en los idílicos y exclusivos entornos de Menorca”, y “viviendas de lujo para vivienda habitual, en la mejor zona de Madrid y mayor seguridad de Europa, en La Finca. También ofrecemos inmueble y velero en el mejor mediterráneo, en Villajoyosa, Alicante; o un apartamento en Candanchú”.

En Menorca alquilan “exclusivas villas de lujo” con nombre de cóctel [Villa Margarita, Villa Negroni, Villa Daiquiri...] con la marca Binibeca Hills, denominación de una extinta promotora inmobiliaria cuyo administrador único era Ángel Ybáñez, a la postre director de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Securitas Direct.

La empresa antes conocida como Tecnola estuvo domiciliada en un edificio en la calle Miguel Yuste de Madrid que albergó la sede de la Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA), uno de los lobbies de este sector. En 2023, Tecnola traspasó parte de sus activos a otra sociedad que no ha presentado aún cuentas, Tecnola Invest Real Estate SL, y pasó a llamarse Securholds Spain tras absorber una filial con esta denominación.

Esta última declaró en 2020, último año en el que presentó cuentas, beneficios de 101 millones y 376 millones en “inversiones financieras a largo plazo” que no detallaba. En 2018 se anotó un beneficio de 215 millones. Ese año explicaba que la mayor parte de sus activos (entonces de 300 millones) eran acciones en Shield Luxco 2 SARL, uno de los vehículos del entramado de los dueños de Securitas en Luxemburgo.

Allí participan en esta empresa, entre otros socios, la familia March y otras grandes fortunas españolas que en los últimos años han invertido pequeñas sumas en Verisure. El gigante de las alarmas (solo usa la marca Securitas Direct en España y Portugal) es líder en ese sector en Europa y segundo a nivel mundial, con presencia en 17 países, más de 28.000 colaboradores y más de 4,4 millones de clientes. Su máximo accionista, el fondo estadounidense Hellman & Friedman, compró en 2015 la participación que tenía Bain Capital, su socio en la empresa desde 2011, cuando la adquirieron a otro fondo, EQT.

Durante la inspección de Hacienda a Luis Gil, Tecnola Invest tenía como administradora única a la esposa del empresario, que también administra Fast Aviation SL, dedicada a “transporte aéreo de viajeros”. Con una facturación en torno al millón de euros en 2023, esta firma lleva años en pérdidas (ese ejercicio fueron de 375.440 euros) y en 2021 recibió 181.346 euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de acuerdo con la información disponible en Axesor.

Ingeniero de 64 años, Luis Gil inició su carrera en el sector de la seguridad privada en la extinta Esabe, cuyos activos se repartieron hace 30 años, poco antes de su quiebra, Prosegur y la sueca Securitas, antigua matriz de Securitas Direct. Una persona que lo conoció bien hace años cuenta que el ejecutivo presumía de haber tenido de oportunidad de trabajar en su juventud como directivo de la Telepizza de otro visionario del marketing, el cubano-español Leopoldo Fernández Pujals, recientemente aterrizado en Madrid tras años radicado en el paraíso fiscal de Bahamas.

Gil, al que el grupo de seguridad privada definía en 2014 como “fundador de Securitas Direct España”, no aparece en actos públicos, aunque hace años se dejó ver en una visita a un colegio del Opus Dei en Madrid para impartir una charla a las alumnas sobre emprendimiento y explicó “cómo construir un pequeño negocio y cómo debe funcionar para crecer de forma sólida”.