30 días para la definición

Desde que la Casa Blanca señaló en un documento oficial el sábado que los cárteles de las drogas tienen una “intolerable alianza” con el gobierno de México que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, la maquinaria propagandística dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, el goebeliano vocero del expresidente Andrés Manuel López Obrador y coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, inundó las redes sociales para apuntar la acusación hacia el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El remate de esa narrativa lo hizo ayer la presidenta.

En su conferencia matutina, a una pregunta específica que si así como le pidió al presidente Joe Biden que le diera información sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada, le pediría al presidente Donald Trump que le diera pruebas de la relación de su gobierno con los cárteles, Sheinbaum eludió contestar directamente, pero con un gozo que parecía preparado, mostró la línea de tiempo de la cuenta de la Casa Blanca en X para afirmar que la prueba que tenía Trump era un despacho de la agencia AP sobre la sentencia a García Luna. Salida fácil para la ovación de la gradería.

Curiosamente, la heterodoxa línea de tiempo de la Casa Blanca de Trump del 1 de febrero es diferente a la línea de tiempo tres días después. Los extractos que mostraba de la agencia AP ese día, así como dos de la cadena de televisión CBS sobre un reporte de la DEA sobre el fentanilo y de un informe de la Cámara de Representantes sobre la producción de fentanilo en China, así como uno del diario Globe and Mail sobre la creciente fabricación de esa droga en Canadá, se habían borrado, sin saberse la razón de ello. Pero en todo caso, la conclusión de la presidenta era inexacta.

La orden ejecutiva, la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, no incorporó recortes de prensa. El fraseo del decreto es en presente, y la “alianza” del gobierno de México con los cárteles de las drogas se establece a partir del tráfico ilegal de fentanilo. García Luna fue convicto por su relación con el Cártel de Sinaloa y tráfico de cocaína, no de fentanilo. La crisis con este opiáceo comenzó en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ha continuado hasta la actualidad.

No se puede argumentar, sin embargo, que la acusación de Trump estaba pensada en Sheinbaum, pero la forma como está abordando el problema con propaganda y protección política no es la más indicada. Su narrativa está dirigida a una audiencia doméstica, para limpiar la cara a López Obrador y desviar la atención de Morena y de todos sus militantes con presuntos vínculos con el crimen organizado. En Estados Unidos lo que diga en sus mañaneras los tiene sin cuidado, y ayudaría más la presidenta si escucha lo que están diciendo en Washington.

Después de emitirse la orden ejecutiva, el vicepresidente J.D. Vance escribió en X: “Pobre y triste México. Los cárteles de las drogas internacionales operan libremente dentro de sus fronteras y México no puede hacer nada al respecto. Es infantil y mágico pensar otra cosa de nuestro vecino al sur, que apenas si aplica las leyes”. Elon Musk, el magnate que es parte de la familia Trump por su cercanía, agregó: “Solo las fuerzas militares de Estados Unidos pueden derrotar a los cárteles”. Toda la frontera norte de México, afirmó recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio, está manejada operativamente por los narcotraficantes.

El director del Consejo Nacional de Seguridad, Mike Waltz, que en 2023 presentó junto con el diputado Dan Crenshaw una iniciativa para que se autorizara el uso de la fuerza militar contra los cárteles de las drogas, dice que el gobierno de Trump piensa combatir a los cárteles que “controlan porciones significantes de México”. El secretario de la Defensa, Pete Hegseth, ha dicho dos veces en los tres últimos días que la opción militar contra los cárteles en México está abierta, mientras el secretario del Interior, Doug Burgum, enfatizó: “Esta no es una guerra comercial con Canadá, México o China. Es por el fentanilo”.

No es el pasado, sino el presente a lo que se refiere la Casa Blanca. No es contra el gobierno de Sheinbaum, que apenas comienza, sino contra el de López Obrador y el aparato político que está bajo sospecha de ligas con el crimen organizado. Desviar la atención le sirve bien en México, pero no resuelve el problema de fondo que tiene con el gobierno de Trump, con quien se comprometió a dar resultados buenos en un plazo de 30 días.

Lo que parece estar en disonancia es el significado de “buenos resultados”. En materia de combate al narcotráfico y fentanilo, el gobierno de Sheinbaum ha ido avanzando con una estrategia distinta a la de López Obrador, como también ha mantenido la reducción de la migración indocumentada. En un mes podrá demostrar con estadísticas que hizo la tarea, pero, ¿es esa la métrica que utilizará Trump? Por lo que se vio con Canadá, no.

Trump parece estar pidiendo una cabeza para venderla internamente como el éxito de su presión sobre Sheinbaum, que concluyó con la captura de un político vinculado al narcotráfico. Y la presidenta tendría que cambiar su forma de pensar y entender que deberá correr sangre morena —de otro partido parecería chivo expiatorio— para demostrar que sí va en serio la lucha contra los cárteles y el fentanilo, y que la ley en su administración sí se aplica. El dilema es muy complicado.

Sheinbaum tiene los expedientes de morenos con relaciones altamente sospechosas y un abanico de posibilidades para abrir investigaciones. Pero también puede enconcharse y no entregar la cabeza de ninguno de sus correligionarios, escudándose en la soberanía nacional y anteponiéndola, quizás, a acciones criminales. Hay caminos dolorosos que podría recorrer y ver para cual le alcanza. Tendría que analizar cuál es menos costoso para su gobierno, para ella y para la viabilidad nacional. Pero antes, deberá estar ideológicamente convencida de que cualquiera de las dos alternativas es mejor en el largo plazo.