La jueza de la DANA subraya el “altísimo riesgo” para las víctimas del que Mazón no avisó

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que centraliza las diligencias de la DANA, ha mostrado algunas de sus cartas en un auto notificado este jueves a la Fiscalía y a las siete acusaciones particulares personadas, de momento, en la causa. En el apartado en el que detalla los hechos, en apenas nueve líneas, la magistrada expresa sus primeras conclusiones tras las primeras declaraciones de testigos y de familiares de los fallecidos: constata el “desconocimiento” de la situación de “altísimo riesgo” por parte de las víctimas el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica barrancada. Además, la resolución también reseña la tipología de víctimas: personas de la tercera edad que permanecían en las plantas bajas de sus domicilios y gente que circulaba por la calle o que bajó a los garajes a intentar sacar sus automóviles.

Aunque el auto es breve, propio de una fase inicial de la instrucción, también aporta algunas pistas. “El mensaje remitido a las 20.11 horas instaba a que se evitaran desplazamientos. Parte de las víctimas de avanzada edad perecieron en sus propios domicilios”. En un par de frases desliza dos claves: el texto del mensaje automático a los móviles, que llegó a la población de las zonas afectadas cuando ya estaba literalmente con el agua al cuello, simplemente pedía que se evitaran desplazamientos (y no, por ejemplo, que la ciudadanía se refugiara en plantas superiores) y, a continuación, la magistrada apostilla que las víctimas más mayores murieron en las plantas bajas de sus propias viviendas.

La jueza parece tener un cierto enfoque de la causa; un encauzamiento a modo de prolegómeno de una instrucción que se antoja larga y compleja. Y es que no es ajena a los efectos de la barrancada: sin ir más lejos la sede de los juzgados de Catarroja fue arrasada por la riada. Se basa, de momento, en lo que le han contado las víctimas y supervivientes, a los que la magistrada viene haciendo el trámite de oficio de ofrecimiento de acciones. Así, la resolución afirma que “resulta conveniente analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal de la Rambla del Poyo (...) o no, por los responsables de emergencias a través de medios técnicos, sino igualmente si la simple percepción directa de cualquier persona cercana a la rambla de la intensidad del desbordamiento pudo permitir su conocimiento ulterior por los responsables de emergencias a medida que iba aumentando el caudal”.

A los numerosos videos en redes sociales de la tarde del 29 de octubre sobre los brutales efectos de la riada, se suma la detallada cobertura en directo de À Punt, la televisión autonómica valenciana. Cuando sonó la alerta automática en el plató de À Punt, la cadena retransmitía en directo cómo un viandante rescataba a una mujer atrapada por la fuerza del agua, una imagen que sirve de metáfora audiovisual de la inutilidad de un aviso que llegó manifiestamente tarde, cuando ya había desaparecidos.

Además, la jueza no solo se centra en el sistema Es Alert y su remisión tardía a las 20.11. El auto explica que el “análisis de la evitabilidad” de los 76 fallecimientos acaecidos en el partido judicial de Catarroja, que también incluye las localidades de Albal, Alfafar, Benetússer, Llocnou de la Corona, Massanassa y Sedaví, exige analizar, más allá del mensaje masivo a los móviles, “si se comunicó a la población por otros medios previamente” durante “todo el día” 29 de octubre el peligro, “ya fuera a través de conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios, así como la evolución de las circunstancias meteorológicas de dicho día”.

A nadie se le escapa que, sobre las 13.00, el president Carlos Mazón aseguró en una polémica comparecencia, cuyo video fue borrado posteriormente de su cuenta oficial de X, que la emergencia prácticamente se había acabado. Poco después se fue a comer al restaurante El Ventorro, de donde salió pasadas las 18.00 de la tarde.

El auto pide a RTVE, À Punt, Atresmedia, Mediaset y al Grupo Prisa que aporten las declaraciones de las autoridades responsables de la emergencia sobre el conocimiento del sistema Es Alert, la “viabilidad de su utilización y su regulación”, en referencia a las contradicciones de la entonces consellera Salomé Pradas sobre las alertas automáticas. Pradas fue pillada mintiendo al respecto de manera manifiesta.

“Nuevo plazo improrrogable” al Consell

La instructora también apremia a la Conselleria de Emergencias e Interior para que informe específicamente sobre quién —en concreto, con nombre y apellidos— “tomó la decisión” de emitir la alerta a las 20.11. Una pregunta muy clara y aparentemente sencilla a la que el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama “no responde” en su informe remitido previamente. Y ello a pesar de que lo pidió la jueza en un auto del pasado 5 de diciembre.

El largo informe de la Conselleria de Emergencias se limita a indicar dos apartados que, en definitiva, no explican nada de nada. “No se contesta por ello a lo interesado por este juzgado”, afirma la jueza. Aunque sin demasiada vehemencia —otros jueces habrían montado en cólera, y con razón—, la magistrada da un “nuevo plazo improrrogable” de cinco días a la conselleria para que “proceda a la oportuna respuesta” a lo que acordó en su auto (cuyo cumplimiento, evidentemente, no es opcional ni voluntario para nadie). La instructora queda, pues, a la espera de comprobar si, al segundo intento, el Consell por fin se digna a responder sin rodeos.

El auto alude a las comunicaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre las mediciones del barranco del Poyo y al “intervalo” entre dos mensajes remitidos entre las 16.13 y las 18.42 (lo que Mazón y el PP llaman el “apagón informativo” del Gobierno central).

Sin embargo, la jueza también se refiere a la nota de prensa de la CHJ del pasado 4 de febrero (remitida para desmentir un audio incompleto grabado al presidente de la entidad, Miguel Polo) en la que se explica que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) estaba funcionando y transmitiendo datos actualizados cada cinco minutos. Por lo que la jueza pide a la CHJ “la integridad de dichos datos” en ese periodo entre las 16.13 y las 18.42, así como la “concreción del medio utilizado de transmisión”.

Por otro lado, cabe recordar que la propia Generalitat Valenciana reconoció horas antes de la DANA, en una nota interna de un alto cargo autonómico revelada por elDiario.es el pasado 25 de noviembre, que el seguimiento de ríos y barrancos también era su responsabilidad. Además, la Generalitat también retiró a los bomberos forestales que medían el caudal del barranco del Poyo.