El “reino de la libertad” exige trabajar menos

La reducción de la jornada laboral es claramente beneficiosa para los trabajadores precarizados y para las mujeres (que trabajan mayoritariamente a tiempo parcial) y su puesta marcha garantiza, además, el trato laboral igualitario que no puede faltar en un Estado social.

Hoy afecta a 12 millones de trabajadores porque el resto ya la tiene establecida mediante convenio, de manera que, de momento, no todos trabajamos lo mismo. La sentencia del Tribunal Constitucional (1990) sobre la reducción de 1983 avaló la reducción de jornada a 40 horas semanales subrayando, precisamente, que no aplicarla de manera uniforme podría violar el principio de igualdad, aparte del artículo 40.2 de la Constitución que garantiza el descanso para todos. También entonces la patronal la veía como una vulneración de la libertad de negociación colectiva o la seguridad jurídica de los convenios preexistentes, pero el PSOE la sacó adelante gracias a una mayoría absoluta que no dependía, como ahora, ni de un Partido Popular errático ni de los canjes oportunistas del señor Puigdemont. La propuesta actual aún no cuenta con el apoyo parlamentario que necesita y es probable que quede finalmente alterada, pero, con todo, es un paso esencial en la lucha de los trabajadores que ya se ha producido en buena parte de Europa.

Los datos de Eurostat revelan que el número medio de horas semanales habituales de trabajo en los 20 países de la zona euro a partir de 2023 era ya de 36,6. Francia introdujo el sistema de semana laboral de 35 horas de forma obligatoria, por ley, aunque con incentivos públicos. Países Bajos han avanzado hacia una semana laboral de cuatro días a través de iniciativas individuales y con una poda salarial que en España no se producirá. A la jornada de cuatro días se encamina también Polonia, Bélgica, Reino Unido o Portugal, con sus particularidades, y considerando que en algunos lugares las horas trabajadas podrían ser, finalmente, las mismas.

La reducción tiene que venir acompañada, como es lógico, de un registro de jornada que tiene que digitalizarse y controlarse. El INE detecta que más de 1 millón de personas asalariadas a jornada completa trabaja habitualmente más horas de las que tiene pactadas, sin que esas horas se paguen ni se coticen. Dentro de ese millón de asalariados, hay 636 mil personas con una jornada de 40 horas que trabajan de forma habitual un número mayor de horas. Ese trabajo no pagado genera un valor añadido del que se apropian íntegramente los empleadores y se traduce en menores ingresos públicos. Con las horas extra no pagadas en España se podrían crear 70 mil empleos a jornada completa.

Cuando terminan esas jornadas maratonianas, a esos trabajadores no se les suele respetar el derecho a la desconexión digital. Las transformaciones tecnológicas empiezan a servir para camuflar nuevas formas de explotación… horarios imposibles, casas convertidas en fábricas, presión continua, estrés y ansiedad.

El derecho a la desconexión se regula en España vinculado al derecho a la intimidad y se protege como un elemento potenciador de la conciliación de la vida laboral y personal. Se configura como un derecho individual del que el trabajador puede disponer y, en ciertos supuestos, puede quedar invalidado por un pacto de disponibilidad o de guardia. Su modalidad varía según la realidad empresarial y la relación laboral en concreto. Ahora, todo eso puede cambiar. En la propuesta del gobierno, se amplía el derecho a la desconexión digital para impedir que las empresas contacten a los empleados fuera de su horario y esos empleados no pueden renunciar al ejercicio de ese derecho por ninguna vía.

Una vez más, nos hemos colocado a la cabeza de Europa. A pesar de los notables avances que se han apreciado en Francia, Bélgica y, sobre todo, en Portugal, en la Unión Europea no se ha llegado a regular específicamente el derecho a la desconexión (aunque se supone que está amparado con carácter general por la Directiva de tiempo de trabajo). Hubo una resolución en la que se pedía que se regulase (2021) y una propuesta de Directiva (2023), pero no hay interés en fomentar la desconexión digital. De hecho, ni siquiera se mencionó cuando se abordó el trabajo en plataformas digitales, donde los trabajadores funcionan según la demanda que les llega a través de su móvil. Además, en la regulación general de la UE se vincula el derecho a la desconexión con el tiempo de trabajo (es decir, con el descanso) y eso no acaba de reflejar la problemática que acarrea la hiperconectividad en términos de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener presente, como nos recuerda el laboralista Paco Trillo, que el estrés laboral, la tecnofatiga y la tecnoadicción se relacionan con la necesidad incontrolable de utilizar las TICs y desencadenan episodios obsesivo-compulsivos.

Para que el trabajo no sea alienante sino una fuente de emancipación hay que trabajar menos. Un trabajo placentero es central para mejorar las condiciones de vida personales, fortalecer las instituciones públicas, proteger los bienes comunes y facilitar la cohesión social. Aunque no logremos cambiar el sistema productivo por la vía de la negociación laboral, es evidente que garantizar el derecho al empleo, la reducción masiva de la jornada, un buen salario y la gratuidad de servicios sociales, es una apuesta que merece la pena en términos humanos, sociales y productivos porque la productividad tampoco se consigue con jornadas más largas. Como nos dijo Marx en El Capital, si queremos alcanzar el “reino de la libertad” hay que transformar los principios de funcionamiento del mercado laboral.