El juez archiva la causa a los gigantes del vino de Valdepeñas por el «descontrol administrativo» del sector
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa a las bodegas y grandes exportadoras Félix Solís y García Carrión, de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas. Les investigaba por si ambas, enfrentadas entre sí, comercializaron vinos de calidad inferior a la indicada en sus etiquetados, concretamente por si vendieron como reserva o gran reserva caldos que no habían cumplido con los estándares exigidos para contar con dicha calificación. En su auto, en el que el instructor archiva provisionalmente la causa a ambos gitantes del vino, que facturan más de 1.200 millones de euros al año, explica que lo hace por la imposibilidad de «determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella». Una imposibilidad que se debe, según destaca, por el «descontrol administrativo y supervisor pro parte de todos los operadores del sector (productores y entidades de certificación) y de la Adminsitración Pública», a quienes dirige un rapapolvo. Por ello, acuerda poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha «a los efectos administrativos oportunos». Noticia en ampliación
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa a las bodegas y grandes exportadoras Félix Solís y García Carrión, de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas. Les investigaba por si ambas, enfrentadas entre sí, comercializaron vinos de calidad inferior a la indicada en sus etiquetados, concretamente por si vendieron como reserva o gran reserva caldos que no habían cumplido con los estándares exigidos para contar con dicha calificación. En su auto, en el que el instructor archiva provisionalmente la causa a ambos gitantes del vino, que facturan más de 1.200 millones de euros al año, explica que lo hace por la imposibilidad de «determinar con la certeza necesaria requerida en el proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la catalogación indicada en la botella». Una imposibilidad que se debe, según destaca, por el «descontrol administrativo y supervisor pro parte de todos los operadores del sector (productores y entidades de certificación) y de la Adminsitración Pública», a quienes dirige un rapapolvo. Por ello, acuerda poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha «a los efectos administrativos oportunos». Noticia en ampliación
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