El Gobierno intentará que los magnates tecnológicos paguen en los tribunales por los daños que causan sus plataformas
Pedro Sánchez anuncia que el Ejecutivo "estudia mecanismos" para que los "tecnobillonarios" no puedan "eludir las consecuencias de sus algoritmos"Pichai, Bezos, Cook: quién es quién en la corte tecnológica de Trump y Musk Pedro Sánchez insiste en la necesidad de poner freno a la “tecnocasta”. El presidente del Gobierno ha vuelto a cargar este miércoles contra los “tecnobillonarios”, su creciente poder político y el acoso y la desinformación que toleran en algunas de sus redes. Por ello, ha avanzado que el Ejecutivo está “estudiando mecanismos” que “aseguren la responsabilidad legal” de los magnates tecnológicos por esos daños personales que causan sus servicios, “garantizando que puedan rendir cuentas judicialmente por la vulneración de derechos y de libertades que se den en estas plataformas”. “No podemos permitir que quienes diseñan, y se benefician de estas plataformas, se desentiendan absolutamente del impacto que tienen en la sociedad” ni “eludir las consecuencias de los daños que causan sus algoritmos”, ha manifestado. Al contrario, Sánchez pide que sus dueños cumplan con “sus obligaciones como hacen el resto de empresarios, como hace cualquier autónomo, como hace cualquier trabajador o trabajadora”. La exención de responsabilidad de las redes respecto a lo que ocurre dentro de ellas es una herencia de la conocida “Sección 230” de la ley americana. En los albores de Internet, esta norma calificó a las plataformas como contenedoras de aquello que publican los usuarios y no como editoras de esos contenidos. Esto implica que no son las responsables legales de estos, por lo que sus obligaciones se reducen a eliminarlos cuando reciben una comunicación oficial de la existencia de una irregularidad. El resto del mundo asimiló como propia esta regulación y es la que se ha mantenido desde entonces. Este miércoles, Sánchez se ha comprometido a impulsar un debate en el seno de la UE para cambiar este estatus legal como uno de los tres pilares para corregir la situación de descontrol que atraviesa el mundo digital. También ha reiterado la necesidad de “acabar con el anonimato que envenena las redes sociales”, como ya expresó en el Foro Económico de Davos, así como de aumentar las inversiones para generar infraestructuras y plataformas públicas. “Debemos desarrollar navegadores propios, redes sociales, públicas y privadas, europeas, servicios de mensajería que usen protocolos abiertos, en fin. No estoy hablando de metas inalcanzables, al contrario, tenemos ejemplos recientes que con recursos y talento, pues demuestran que se puede entrar en esa carrera y con ese espíritu”, ha declarado, poniendo como ejemplo a Alia, la familia de inteligencias artificiales entrenadas en castellano y lenguas cooficiales puesta en marcha por el Gobierno recientemente. Nuevo Observatorio de Derechos Digitales Sánchez ha hecho estas declaraciones durante la presentación del nuevo Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa del Gobierno lanzada para asegurar que los derechos de los ciudadanos estén protegidos en el entorno digital. Forman parte de él una veintena de empresas y universidades que “impulsarán investigaciones, promoviendo el debate público y diseñando estrategias de aplicación efectiva de la Carta de Derechos Digitales en España”, según ha explicado Telefónica, una de las participantes. El Observatorio cuenta con un presupuesto de 10,83 millones de euros financiados con los fondos de recuperación. Entre sus objetivos se encuentra el fomento de programas de sensibilización sobre la importancia de la privacidad, la seguridad y el acceso equitativo a la tecnología o la promoción de la participación ciudadana en la creación de políticas digitales. El organismo también producirá informes sobre el impacto social y ético de la tecnología así como sobre las brechas digitales.
Pedro Sánchez anuncia que el Ejecutivo "estudia mecanismos" para que los "tecnobillonarios" no puedan "eludir las consecuencias de sus algoritmos"
Pichai, Bezos, Cook: quién es quién en la corte tecnológica de Trump y Musk
Pedro Sánchez insiste en la necesidad de poner freno a la “tecnocasta”. El presidente del Gobierno ha vuelto a cargar este miércoles contra los “tecnobillonarios”, su creciente poder político y el acoso y la desinformación que toleran en algunas de sus redes. Por ello, ha avanzado que el Ejecutivo está “estudiando mecanismos” que “aseguren la responsabilidad legal” de los magnates tecnológicos por esos daños personales que causan sus servicios, “garantizando que puedan rendir cuentas judicialmente por la vulneración de derechos y de libertades que se den en estas plataformas”.
“No podemos permitir que quienes diseñan, y se benefician de estas plataformas, se desentiendan absolutamente del impacto que tienen en la sociedad” ni “eludir las consecuencias de los daños que causan sus algoritmos”, ha manifestado. Al contrario, Sánchez pide que sus dueños cumplan con “sus obligaciones como hacen el resto de empresarios, como hace cualquier autónomo, como hace cualquier trabajador o trabajadora”.
La exención de responsabilidad de las redes respecto a lo que ocurre dentro de ellas es una herencia de la conocida “Sección 230” de la ley americana. En los albores de Internet, esta norma calificó a las plataformas como contenedoras de aquello que publican los usuarios y no como editoras de esos contenidos. Esto implica que no son las responsables legales de estos, por lo que sus obligaciones se reducen a eliminarlos cuando reciben una comunicación oficial de la existencia de una irregularidad. El resto del mundo asimiló como propia esta regulación y es la que se ha mantenido desde entonces.
Este miércoles, Sánchez se ha comprometido a impulsar un debate en el seno de la UE para cambiar este estatus legal como uno de los tres pilares para corregir la situación de descontrol que atraviesa el mundo digital. También ha reiterado la necesidad de “acabar con el anonimato que envenena las redes sociales”, como ya expresó en el Foro Económico de Davos, así como de aumentar las inversiones para generar infraestructuras y plataformas públicas.
“Debemos desarrollar navegadores propios, redes sociales, públicas y privadas, europeas, servicios de mensajería que usen protocolos abiertos, en fin. No estoy hablando de metas inalcanzables, al contrario, tenemos ejemplos recientes que con recursos y talento, pues demuestran que se puede entrar en esa carrera y con ese espíritu”, ha declarado, poniendo como ejemplo a Alia, la familia de inteligencias artificiales entrenadas en castellano y lenguas cooficiales puesta en marcha por el Gobierno recientemente.
Nuevo Observatorio de Derechos Digitales
Sánchez ha hecho estas declaraciones durante la presentación del nuevo Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa del Gobierno lanzada para asegurar que los derechos de los ciudadanos estén protegidos en el entorno digital. Forman parte de él una veintena de empresas y universidades que “impulsarán investigaciones, promoviendo el debate público y diseñando estrategias de aplicación efectiva de la Carta de Derechos Digitales en España”, según ha explicado Telefónica, una de las participantes.
El Observatorio cuenta con un presupuesto de 10,83 millones de euros financiados con los fondos de recuperación. Entre sus objetivos se encuentra el fomento de programas de sensibilización sobre la importancia de la privacidad, la seguridad y el acceso equitativo a la tecnología o la promoción de la participación ciudadana en la creación de políticas digitales. El organismo también producirá informes sobre el impacto social y ético de la tecnología así como sobre las brechas digitales.
