El dinero público no debería alimentar los fondos que se escapan de la correspondiente tributación

Artículo original publicado en enpositivo.com por Cristina Grao Escorihuela.

«El dinero público no debería alimentar los fondos que se escapan de la correspondiente tributación». Mª TERESA VIDA

El último informe del Estado de la Justicia Fiscal 2024, publicado por la organización Tax Justice Network, revela una cifra preocupante: los estados pierden 492.000 millones de dólares estadounidenses al año debido al abuso fiscal. De esta cantidad, 347,6 mil millones se atribuyen a prácticas transfronterizas de multinacionales y 144,8 mil millones a la evasión de los más ricos en paraísos fiscales. 

Para entender el impacto de estos datos, la experta Mª Teresa Vida, coordinadora del Observatorio de Justicia Fiscal de ATTAC España, muy amablemente nos ha contestado a unas preguntas, poniendo en contexto los resultados del informe ¿Qué papel juegan las políticas fiscales y qué soluciones se vislumbran ante este escenario?

P. Según el informe del Estado de la Justicia Fiscal 2024, España pierde anualmente cerca de 9.858 millones de dólares por abuso fiscal ¿Qué medidas concretas considera prioritarias para reducir esta cifra y proteger los ingresos fiscales nacionales?

R. Efectivamente, el informe del Estado de la Justicia Fiscal 2024, valora en 9.858,8 millones de dólares la pérdida fiscal anual que sufre España, de ellos 8.876,7 millones de dólares tendrían como origen el abuso fiscal de las empresas y 982,1 millones de dólares el abuso fiscal del patrimonio localizado en territorios considerados “guaridas fiscales”
Teniendo en cuenta estos datos, se debería exigir a la Agencia Tributaria que establezca como objetivo prioritario la persecución del fraude y evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas, que es donde se concentran las mayores bolsas de abuso. Es preciso dotar a los órganos de control de los medios humanos y materiales necesarios, para luchar contra estos abusos y la economía sumergida de forma eficaz.

Siguiendo en esta linea de priorizar los esfuerzos en aquellos aspectos que van a ofrecer mejores resultados en nuestro objetivo de reducción de los abusos, habría que eliminar las figuras jurídicas, vacíos o ambigüedades normativas que facilitan las prácticas abusivas, seguir profundizando e incrementando la cooperación internacional, en términos de intercambio de información para un mayor control de las operaciones transnacionales.

Se debería revisar la lista de países considerados “guaridas fiscales” y/o “territorios no cooperadores”, perseguir las prácticas y movimientos que no se corresponden con operaciones de la economía real y sólo pretenden eludir tributación.

Procurar la implantación de un sistema sancionador en linea con los objetivos fijados, penalizando a todos los colaboradores necesarios que intervienen en la realización del abuso: entidades financieras, despachos de abogados, asesores, etc.

Otra medida a tener en cuenta podría ser: incorporar como requisito, para las empresas u organizaciones que pretendan contratar con las Administraciones Públicas, no mantener presencia (sede, establecimiento, etc.) en territorios calificados como “guaridas fiscales”.

El dinero público, que es de todxs, no debería alimentar los fondos que se escapan de la correspondiente tributación.

No debemos olvidar que reducir los abusos fiscales significa avanzar en la reducción de la desigualdad.

P. A razón de los resultados del informe las reformas de la OCDE han sido insuficientes para combatir el abuso fiscal transfronterizo ¿Qué errores identifica en los enfoques de la OCDE, y cómo deberían redirigirse estas iniciativas para tener un impacto real?

R. El informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal 2024, valora como “notablemente escaso” el impacto del Plan de acción BEPS (erosión de la base imponible y traslado de beneficios) de 2015, en lo que respecta al impuesto sobre la renta de sociedades, en el periodo 2016-2021.

La reforma de la fiscalidad internacional de la OCDE, en lo que se refiere a la imposición sobre la renta de sociedades, está basada actualmente en dos “pilares”. A grandes rasgos, el primero, resulta de aplicación a las multinacionales con un volumen de negocios global superior a 20.000 millones de euros y una rentabilidad (beneficios antes de impuestos/ingresos) superior al 10%, calculada mediante un mecanismo de promedios, y estando excluídas las industrias extractivas y los servicios financieros regulados.

Este “pilar” pretende redistribuir parte de los beneficios de las grandes multinacionales, que se encuentran dentro del ámbito de aplicación mencionado anteriormente, desde la sede internacional donde registran los ingresos hacia el lugar donde venden sus productos y servicios, tengan o no presencia en ese territorio. En concreto, el 25% de los beneficios residuales, entendiendo éstos últimos como los que exceden del 10% de los ingresos. Esta reasignación de beneficios incluye la supresión y paralización de los impuestos sobre los servicios digitales.

Como se puede observar esta redistribución es muy restrictiva y tiene un efecto muy limitado. En el caso de los servicios digitales, la recaudación es inferior a la que se obtendría con un simple impuesto sobre dichos servicios digitales.

En el informe del Estado de la Justicia Fiscal 2024 se hace la siguiente valoración de este primer “pilar”: “siendo tan estrecho que resulta casi inútil”.

El segundo “pilar”, supone imponer un impuesto mínimo del 15%, a las empresas que facturen más de 750 millones, sobre las ganancias corporativas globales, en el país de residencia de la sede. El informe del Estado de la Justicia Fiscal 2024, hace las siguientes observaciones sobre los efectos de este segundo “pilar”: “la mayor parte de los beneficios del enfoque de la OCDE serán captados por los paraísos fiscales”, y ”esto explica por qué estos paraísos han sido de los más entusiastas a la hora de adoptar la propuesta de la OCDE”.

También se hace constar en dicho informe que este fracaso, a la hora de abordar el abuso del impuesto sobre la renta de las sociedades, ha contribuido a una mayor carrera a la baja de las tasas impositivas. Es decir, no se ha eliminado la competencia fiscal entre territorios.

Teniendo en cuenta la aparición de nuevos modelos de negocios, derivados de la digitalización y la globalización, que permiten a las grandes multinacionales desviar sus beneficios a países de baja tributación, en mi opinión, no sólo se deberían redistribuir los beneficios residuales, las empresas multinacionales deberían tributar en los territorios en los que realizan sus operaciones, en función de su volumen de negocios y otros parámetros como nº de empleados e inversiones, así como ser gravadas por un impuesto que fije un tipo mínimo y sea progresivo, sobre las ganancias globales.

En su caso, se aplicarían los oportunos mecanismos para tratar la doble imposición. Se deberían seguir eliminando beneficios fiscales (reducciones, bonificaciones, deducciones, etc.) de forma que la tasa efectiva de tributación se aproxime a la tasa nominal, y gire sobre una base imponible cercana al resultado real de la empresa. Los llamados “precios de transferencia” son una de las herramientas utilizadas para trasladar beneficios de un territorio a otro, por lo que tienen que estar sometidos a una vigilancia intensiva.

Opino que la normativa internacional tendría que homogeneizarse, para evitar la competencia fiscal, e incorporar, como ya dije anteriormente, la tributación de los beneficios allí donde se generen y un tipo mínimo de tributación efectiva para las grandes empresas y multinacionales, que sea progresivo y gire sobre las ganancias globales. De hecho, el 15% que contempla el segundo “pilar” de la OCDE me parece bastante modesto, en relación a la tributación de otras rentas, ej: del trabajo.

En cuanto al abuso fiscal cometido por personas físicas, el informe sobre el Estado de la Justicia Fiscal 2024, observa ligeros avances, si bien hay que seguir mejorando el intercambio de información y el diseño de los sistemas de control para ampliar su alcance.

En Attac España hemos elaborado una propuesta, que presentamos ante la red europea de Attac, en la que defendemos la implantación de tres impuestos:

1.-Un Impuesto Europeo sobre las Transacciones Financieras («Tasa Tobin europea»), con un tipo del 0,5% sobre la venta de acciones, bonos y divisas y del 0,1% sobre los derivados.

2.-Un Impuesto Europeo para Grandes Fortunas, con tipos progresivos del 0,5% al 20% y una banda de exención de hasta 1 millón de euros. Esta medida se destinaría a financiar la creación de un fondo europeo para el clima y

3.-Un Impuesto Mínimo sobre los Beneficios Consolidados de las Empresas Multinacionales, con tipos entre el 20% y el 40%.

P. Casos como los Pandora Papers o Panama Papers han expuesto la riqueza oculta de políticos de distintas ideología, personalidades y grandes corporaciones, pero frecuentemente parece que estas revelaciones no conducen a cambios sustanciales ¿Qué soluciones deberían implementarse a nivel internacional para garantizar que estos abusos fiscales no queden impunes y que el ciudadano medio no cargue con el peso de estas prácticas en forma de recortes o mayores impuestos? 

R. La transparencia y el intercambio de información entre países es indispensable para perseguir la riqueza que se oculta en las “guaridas fiscales”, también la creación de un Registro Global de activos financieros.

Gabriel Zucman propone como medida coercitiva, a adoptar contra los territorios “no cooperadores”, la utilización de sanciones comerciales y arancelarias, soluciones no exentas de riesgos que él mismo apunta y, para evitarlos, defiende la creación de una coalición de países, cuyo comercio exterior sea suficientemente importante, para enfrentarse a los principales países “no cooperadores”.

La lucha contra las “guaridas fiscales” debería ser una prioridad internacional, los fondos ocultos en esos territorios tienen un oscuro origen y representan unos poderes antidemocráticos.

El cambio climático y sus efectos nos va a obligar a realizar una transición a otro modelo más adaptado, para llevar a efecto esta transición de una manera más justa y equilibrada, la estimación es que en la Unión Europea se van a necesitar 813.000 millones de euros al año hasta 2030, aproximadamente el 5% del PIB de la Unión Europea, con estas necesidades de financiación no podemos permitir que se mantengan fondos al margen de este reto de adaptación que debemos acometer. Habría que desarrollar normativas para proteger a los que lanzan alertas o realizan filtraciones con la finalidad de desenmascarar entramados delictivos, fraudes fiscales o irregularidades. Para poner en funcionamiento estas medidas tiene que existir voluntad política, y para “empujar” esta voluntad política es preciso que la sociedad civil presione en esa dirección.

En mi opinión, falta pedagogía, creo que la mayoría de la ciudadanía no interpreta el fraude fiscal como lo que es, una estafa, un engaño al Tesoro Público, a lo que es de todxs y que tiene una repercusión directa en el nivel de gasto y servicios públicos de calidad que un país puede proporcionar a sus conciudadanos, así como en la capacidad para afrontar las medidas necesarias que el cambio climático provoca. Sin suficiente financiación no se podrán mantener y menos aún acometer mejoras del “estado del bienestar”, no se podrá contar con fondos públicos para, por ejemplo, paliar los efectos de catástrofes que superan de largo las capacidades individuales.

Las mayorías sociales y los más desfavorecidos son los que se ven más perjudicados cuando se adoptan medidas que suponen “recortes” en derechos, ya que no dispondrán de recursos para acceder a la sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, etc.

Una ciudadanía concienciada presionará a sus gobernantes para que actúe contra los abusos fiscales, exigiendo más justicia fiscal, y que nadie, persona física o jurídica, eluda el pago de su contribución a la “caja común”. El defraudador fiscal tiene que tener el reproche social por su falta de compromiso con sus conciudadanos. Así mismo, además de las sanciones administrativas, el Código Penal debería revisarse para disuadir más eficazmente las conductas de los delincuentes fiscales y sus colaboradores necesarios.

Mª TERESA VIDA 
Coordinadora Observatorio Justicia Fiscal
ATTAC España