Crisis de Muface: CSIF llama a la huelga a casi 600.000 funcionarios el 13 de febrero

El sindicato mayoritario de los empleados públicos, CSIF, llama a la huelga a docentes y funcionarios del Estado el próximo 13 de febrero por la incertidumbre de Muface y más de medio millón de empleados públicos estatales, docentes autonómicos y universitarios están convocados. 

El pasado fin de semana se produjeron avances en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras del concierto de Muface, pero esto no ha sido suficiente para disuadir a los máximos dirigentes del sindicato de funcionarios CSIF que ha tomado la decisión de mantener las movilizaciones anunciadas, todo ello después de la reunión celebrada en el día de hoy en la que han elegido por unanimidad convocar una jornada de paro general el jueves 13 de febrero. 

Esta convocatoria afecta a casi 600.000 funcionarios de toda España desde personal docente (tanto autonómico como universitario); trabajadores de los centros de la Administración General del Estado, hasta el personal funcionario de Correos. También atañe a los funcionarios de la Policía aunque no tienen reconocido el derecho a la huelga. 

Desde CSIF afirman que valoran el acercamiento de posturas con Adeslas y la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo con las condiciones modificadas ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas, que terminaba el pasado lunes, pero añaden que han decidido mantener las medidas de presión hasta que exista "un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre de los 1,53 millones de mutualistas". 

La crisis de la gestión sanitaria de los funcionarios saltó en el pasado mes de octubre, cuando se lanzó la oferta para cubrir el convenio 2025-2027, que incorporaba una mejora del 17%, pero ninguna aseguradora se presentó a la convocatoria, tras ello se aprobó una segunda licitación con un incremento del 33,5%, pero Adeslas y DKV mantuvieron su negativa a participar, dejando a Asisa sola ante el peligro de sufrir pérdidas. 

En el anterior concierto 2021-2024, que se encuentra prorrogado, sufrieron número rojos cerca de 600 millones de euros entre las tres, pero en las últimas conversaciones el Ejecutivo se habría abierto a la posibilidad de compensar las pérdidas de estas compañías.