Cómo afectará la ley de Ficha Limpia a quienes quieran ser candidatos este año

Después de meses de idas y venidas, Diputados dio un primer paso en firme para avanzar en la aprobación de una ley de Ficha Limpia que afectaría directamente a quienes pretendan ser candidatos en este próximo turno electoral.

El proyecto presentado por el Ejecutivo apunta también a quienes aspiren a ser funcionarios, aunque el impacto de esa cláusula tendrá menor relevancia en 2025 ya que no es un año de recambio de Ejecutivo y de los equipos en las distintas áreas.

El texto del Gobierno pretende ser una versión mejorada de lo que se trató durante 2024 en comisiones y que quedó trabada por la falta de acuerdo con aliados. Estas complicaciones dejaron especialmente molesto al PRO, que pugnó hasta el último día de las sesiones ordinarias para que el proyecto vea la luz y que con el fracaso puso bajo análisis su vínculo con LLA.

La iniciativa que modifica la Ley Orgánica de Partidos Políticos no permite ser candidato o funcionario a quien haya sido condenado en segunda instancia por un delito de corrupción. 

Sobre este punto se abrió un debate sobre si se pueden imponer restricciones a quienes quieran postularse por un cargo ya que la Constitución Nacional solo habla del requisito de "idoneidad" para ser candidato, además de un mínimo de edad para los casos de los cargos legislativos.

Para evitar cualquier condicionamiento desde la vía constitucional, el proyecto busca dejar en claro que "la modificación normativa propuesta es conteste con las normas constitucionales por medio de las cuales se dispone que la idoneidad es el único requisito para acceder a los empleos públicos, y que las leyes deberán regular la manera en que quienes cometen un delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento no sean elegibles para ocupar cargos o empleos públicos".

La novedad en este caso es que el proyecto también prevé la aplicación de las disposiciones de Ficha Limpia al ámbito de la Administración Pública Nacional, lo que brinda mayor sentido a semejante debate que no termina de cerrarse en el Congreso y que fue pedido por distintos bloques aliados que buscan garantizar la idoneidad no solo de legisladores y fórmula presidencial sino también del círculo de poder que integra un Ejecutivo.

El otro agregado de relevancia y que generó sorpresa fue que las sentencias que podrían complicar a un dirigente tienen que haber sido dictadas antes de que comience el año en el que pretende presentarse, tanto a elecciones nacionales como partidarias. 

"Esto busca garantizar la seguridad jurídica del proceso eleccionario y la certeza de las precandidaturas y candidaturas". Señala también que así "pretende quitarle influencia a las sentencias que puedan ser dictadas en años electorales evitando que, por un lado, se las utilice como un medio para afectar las elecciones, y que, por otro, la política intente influenciar las decisiones judiciales con fines electorales".

Precisamente aquí se dio un curioso contrapunto con el ala kirchnerista, que cuestiona el supuesto "traje a medida" para dejar a Cristina Kirchner fuera de competencia por haber sido condenada durante 2024, aunque también recoge un reclamo del sector para evitar el "lawfare", es decir que la justicia pueda incidir sobre el ámbito político en la previa a un acto eleccionario.

De aprobarse el proyecto, la expresidenta no podría presentarse como candidata legislativa, una de las alternativas que se barajan en el armado de Unión por la Patria, que quiere consolidarse como la principal fuerza de oposición frente a los libertarios.

No obstante, durante el debate en comisiones del miércoles surgieron dudas de diputados como Juan Manuel López de la Coalición Cívica, quien cuestionó que el asunto no fue incluido con la sesión de hoy, con el riesgo de que vuelva a quedar en la nada, mientras el tiempo electoral sigue apretando.