Cinco años de Zaldibar: la investigación de la mayor catástrofe natural en Euskadi sigue atascada en los tribunales

El 6 de febrero de 2020, como el de 2025, era jueves. Hacia las 16.00 horas empezaron a llegar noticias sobre un “desprendimiento” en la autopista que une Bilbao y Donostia, que había quedado cortada al tráfico a la altura de Zaldibar, en la linde entre Bizkaia y Gipuzkoa. Conforme avanzaba la tarde, aquellos avisos infravalorados por muchos adquirieron otra dimensión. Euskadi había sufrido la mayor catástrofe natural posiblemente desde las inundaciones del verano de 1983. Dejó dos víctimas, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y unas consecuencias ambientales que tardarán décadas en superarse, como mínimo hasta 2050. Ahora, muchas de las derivadas judiciales siguen abiertas, particularmente una nueva causa bajo secreto de sumario que investiga si el Ayuntamiento de Zaldibar accedió a ampliar irregularmente el vertedero.

El alud era en realidad el vertedero ubicado en la montaña, que se había venido abajo. La lengua de 800.000 toneladas de residuos que se desplomó precisaría de 32.000 camiones para su recogida. Puestos en fila, llegarían desde allí hasta Zaragoza. El menor de los problemas, por lo tanto, empezaba a ser ya el de la gestión de la autopista cortada. “Había columnas de humo y fuego y no había manera de apagarlas. Aquello no era normal. 24 horas lloviendo y seguía saliendo humo”, relató a este periódico un agente de la Ertzaintza que intervino aquella jornada.

Los incendios generaron emisiones tóxicas y obligaron a dar la orden de usar mascarillas en la zona pocas semanas antes de la llegada de la COVID-19, que se produjo a finales de aquel febrero negro. Un alto cargo de Salud del Gobierno vasco, en puertas de la mayor crisis sanitaria de la historia, quiso 'tranquilizar' a la población asegurando que los furanos no eran tan peligrosos porque, como se había visto con un opositor ruso envenado, el expresidente de Ucrania Victor Yushchenko, sólo desfiguraban la cara y no eran mortales. Hasta se tuvo que suspender el fútbol de Primera División en Ipurua, el estadio de Eibar, ya en Gipuzkoa pero pegado a la zona cero. Igualmente, aparecieron restos de amianto que se habían mezclados con otros residuos no peligrosos y se generó riesgo para el personal de emergencias. Había unas 16.000 toneladas de esa sustancia.

Pero, sobre todo, dos trabajadores quedaron sepultados. Los restos de Sololuze (Markina-Xemein, 62 años) aparecieron en agosto, medio año después. Pero nunca se encontró a Beltrán (Zalla, 51 años), el hombre que había avisado del riesgo que corría la infraestructura, emplazada en una ladera, sin que la empresa gestora del recinto, Verter Recycling, le hiciera caso. Este periódico publicó informes que probaban que la empresa conocía que días antes del suceso habían aparecido grietas y asentamientos. Lo despachó asegurando que era “lo normal” en vertederos.

Homenaje a las víctimas el domingo

Cinco años después se organiza un acto de recuerdo a las víctimas. Será el domingo a las 12.30 horas en la zona de Eitzaga. Zaldibar Argitu, la plataforma creada para denunciar lo ocurrido, señala que tan responables son los empresarios que realizaron las “barbaridades” en el vertedero durante años -después se descubrió que se estaba llenando a mucha más velocidad de la prevista- como quienes lo “permitieron” teniendo la obligación de “controlarlo”, es decir, el Gobierno vasco.

En 2025, aún muchas de las derivadas judiciales siguen abiertas. Es cierto que más o menos con celeridad, en 2021, los gestores de Zaldibar admitieron su responsabilidad e indemnizaron con elevadas cantidades a las familias de los fallecidos a cambio e evitar la cárcel . Fueron condenados por un delito contra los trabajadores, el equivalente a un homicidio imprudente, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina y administrativa de Verter Recycling, Arrate Bilbao, y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria.

En paralelo, eso sí, se abrió otra investigación penal por los delitos ambientales asociados a esta catástrofe. Volvieron a ser imputados Barinaga, Bilbao y Etxebarria, pero también tres funcionarios de Medio Ambiente del Gobierno vasco y trabajadores de las consultoras Lurtek y Geyser, de los que se sospecha que llegaron a falsificar documentación para justificar las irregularidades en Zaldibar. En el sumario, que alcanza ya los quince tomos, hay informes variados que señalan anomalías. Por ejemplo, uno de ellos era un peritaje del organismo estatal Cedex que estima que en los días previos al desplome se produjeron movimientos de entre 2,2 y 3,5 metros cuando lo ordinario son desplazamientos de entre 0,1 y 0,3 en el año. También se apunta a que existían problemas de impermeabilización y exceso de líquidos en el vaso de residuos.

La magistrada de la causa es Estefanía Carreño. Llegó al juzgado de Durango, el encargado de la investigación, hace solamente unos meses, en el verano de 2024. En octubre declaró un perito. Es lo último se ha movido en este sumario. En noviembre se acordó la enésima prórroga en la causa. Entre lo pendiente hay un informe de los expertos ambientales de la Fiscalía general del Estado. La nueva fecha final es junio de 2025. Fuentes de las acusaciones quieren “celeridad” porque entienden que ya hay base para celebrar un juicio. “Esto no puede eternizarse. Hay elementos para sentar en el banquillo a unas cuantas personas”, señalan un letrado conocedor de la causa. En el proceso están personados el Ayuntamiento de Zaldibar, la sociedad gestora de la autopista, Interbiak, el Consorcio de Aguas, compañías de seguros y entidades ecologistas y sociales. Los funcionarios de Medio Ambiente tienen abogados proporcionados por la Administración.

La catástrofe de Zaldibar también tuvo un contexto político. El lehendakari, Iñigo Urkullu, se retiró el fin de semana que siguió al alud para reflexionar sobre si convocaba o no elecciones. Finalmente lo hizo el lunes siguiente -pero aquellos comicios nunca se celebraron por el confinamiento de la pandemia- y dijo textualmente a los periodistas que no iría a Zaldibar porque no solía hacer caso a “campañas de Twitter” y que “a pesar de ser un suceso fatífico” no acudía habitualmente a “accidentes laborales”. El vicelehendakari, Josu Erkoreka, retiró una fotografía en aquella red social ahora conocida como X disfutando del fin de semana en el monte. Ese mismo jueves, eso sí, se había constituido una mesa de crisis. Había numerosos cargos y, entre ellos, el diputado foral de Bizkaia de Infraestructuras, el ahora lehendakari Imanol Pradales, y el gerente de Interbiak, Mikel Iriondo, ahora su mano derecha. Medio Ambiente era una de las carteras dirigidas por el PSE-EE en la coalición de Urkullu. El consejero era Iñaki Arriola, natural de Eibar. Él tampoco visitó Zaldibar. El peso de la comunicación pública en las primeras horas recayó en dos viceconsejeros, el de Seguridad, Josu Zubiaga, del PNV, y la de Medio Ambiente, Elena Moreno, socialista. Excepcionalmente, se celebró una comparecencia del lehendakari ante la diputación permanente del Parlamento para dar explicaciones.

La causa secreta

La Ertzaintza, además de liderar el operativo de emergencia, que se mantuvo activo hasta que en 2021 se dio por finalizada la búsqueda del cadáver de Beltrán, asumió las labores también de investigar los hechos. Es precisamente un informe de la Policía vasca el que descubrió que Verter Recycling había ampliado el vertedero “más allá de donde tenía autorización”. El diario 'Berria' informó de que estaba autorizada una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga pero que en realidad fueron 65.000 más. Allí se acumularon irregularmente residuos y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta.

El juzgado de Durango ordenó la apertura de una pieza separada, revelada por este periódico el pasado año. Esa instrucción sigue bajo secreto de sumario y fuentes judiciales solamente apuntan que, en efecto, se está analizando un posible delito de prevaricación en el ámbito urbanístico por parte de las autoridades locales a la luz de los informes aportados por la Ertzaintza. De hecho, aunque la sección de delitos ambientales de la Policía autonómica ha cambiado casi totalmente de agentes en estos años, la Fiscalía solicitó expresamente que los dos funcionarios asignados a Zaldibar siguieran con el caso para no complicar aún más los procesos judiciales.

Medio Ambiente -ahora dentro de una cartera de Industria capitaneada por Mikel Jauregi, del PNV- asegura desconocer la existencia de esta causa. “El Gobierno vasco únicamente tiene conocimiento de un único procedimiento judicial ambiental, para el que ha colaborado con la administración judicial aportando toda la información que dispone. En ese proceso se continúa con la fase de instrucción”, indican las fuentes consultadas.

El laberinto judicial se completa con el proceso contencioso-administrativos. El Gobierno vasco ha iniciado ya la reclamación de cantidades a los gestores de Verter Recycling por el coste de las labores de estabilización y reparación del vertedero. Además, recientemente hubo que acometer nuevos trabajos porque la estabilidad volvió a estar en riesgo en 2023. En su momento se manejaron cantidades próximas a los 30 millones de euros. Siempre se dejó claro que la Administración actuaba porque era urgente hacerlo pero que lo hacía de modo “subsidiario”, es decir, que la factura millonaria la repercutiría. El problema es que la empresa se disolvió. De hecho, hubo un proceso judicial (otro más) en la vía mercantil. Sin embargo, el Ejecutivo ya decidió que actuaría contra el patrimonio personal de sus antiguos gestores y es lo que ahora se persigue en los tribunales.

“Los administradores no han aportado voluntariamente ninguna cuantía. Existe un procedimiento para el apremio de las cantidades debidas que ha sido recurrido en el contencioso-administrativo por los administradores de Verter Recycling. El proceso judicial penal abierto condiciona la recuperación de los costes asumidos por el Gobierno vasco”, explican desde el Ejecutivo.

¿Cuál es la situación actual de Zaldibar? En su momento, un testigo de los hechos describió las labores que hubo que acometer como “un trabajo colosal”. “Se ha movido una montaña palmo a palmo”, narraba. Medio Ambiente indica que, en 2025, “la instalación es objeto de seguimiento para garantizar que no supone ningún problema ambiental ni de seguridad”.

“El vertedero debe disponer de un mantenimiento por parte de sus titulares, que son los administradores originarios de la empresa Verter Recycling. Por su parte, el Gobierno vasco, mediante la labor ordinaria de inspección, fiscaliza ese control y mantenimiento para garantizar las condiciones ambientales y de estabilidad del vertedero. De acuerdo a la normativa, en caso de que se detecte una situación que requiera la actuación sobre el vertedero se requiere a los titulares y, en caso de que sea necesario evitar cualquier contaminación y los titulares no den respuesta, se ejecuta por parte de la administración y por el procedimiento tasado por la ley, que es el procedimiento de emergencia, a cargo de los titulares. Ese fue el caso del sellado temporal ejecutado el año pasado”, explican.

El Ejecutivo deja claro que “no es titular de los suelos” sobre los que en su día operó el vertedero. En todo caso, recalcan que “la Administración garantizará que no se produce ninguna afección ni situación de riesgo”. “Cualquier uso que los titulares puedan prever sobre el vertedero debería ser previamente autorizado y respetar las condiciones de la autorización ambiental integrada”, abundan. En su momento, se aludió a posibles usos industriales, pero se trata de una ladera con fuertes pendientes que lo condiciona casi todo.

Los expertos sostienen que “es previsible” que la “recuperación” de la afección ambiental “sea rápida” en el entorno después de los trabajos realizados. “En todo caso las labores de seguimiento y control del vertedero deberán ser desarrolladas durante 30 años con posterioridad al sellado definitivo del vertedero”, puntualizan. La Euskadi de 2050 todavía seguirá recordando el gran alud de 2020.