México-EU: relación bilateral criminalizada

México será evaluado en su combate al narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos. Las cosas son tan difíciles que esa noticia, que junto a otras medidas por ahora retarda el peligro de los aranceles a los productos mexicanos, ayer hasta se aplaudió en Palacio Nacional.

La sombría perspectiva al sur del río Bravo está muy lejos de disiparse. El balance realista es que, además de aceptar ser el tolete contra migrantes rumbo a la frontera norte, Donald Trump impuso a México una especie de neocertificación de la lucha anticrimen.

Preliminarmente se ha informado que México desplegará 10 mil elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera a fin de impedir el trasiego de fentanilo. Es decir, militarización formal de una franja del territorio nacional para apaciguar a la nueva Casa Blanca.

Los detalles de cómo se evaluará el éxito de tal despliegue, y cómo será realmente éste, se irán sabiendo. Y en cuatro semanas el balance del operativo tendría que ser tal, que logre una nueva tregua o, ¿se vale soñar?, la cancelación de la amenaza de los aranceles.

Es imposible no recordar que operativos militares en la frontera, como el que se desplegó en Ciudad Juárez hace tres lustros, trajeron una serie de denuncias de violaciones de derechos humanos y no necesariamente la paz.

Y tampoco hay que olvidar que en la primera presidencia de Trump, Palacio Nacional también dijo que desplegaría efectivos (se llegó a decir que 15 mil) para blindar el norte, más 6 mil en la frontera sur. ¿Funcionó en 2019 eso que al parecer se revivirá hoy?

Tan no funcionó que en marzo de 2021 el general Glen VanHerck, del Comando Norte de Estados Unidos, afirmó que un tercio de territorio mexicano era controlado por criminales. Dando por bueno el diagnóstico, ¿cuánto de eso correspondía a las fronteras?

Esa declaración de 2021 suscitó una tormenta mediática en México. El expresidente la descalificó mientras los críticos del primer gobierno morenista la endosaban.

El sábado, Trump fue más allá al poner con membrete de la Casa Blanca que el gobierno mexicano tiene una alianza con el crimen organizado.

Es innegable que antes de octubre de 2024 se llevó a cabo en México durante todo un sexenio una política que fraternizaba con el fenómeno criminal. Desde que Claudia Sheinbaum asumió el poder la estrategia cambió, pero la realidad del dominio criminal no necesariamente.

Al decretar el sábado que México pague aranceles porque desde su territorio ingresan indocumentados y drogas que matan a estadounidenses, Washington sentenció, sin documentar ni probar, una supuesta alianza del gobierno mexicano con los criminales.

Menos de 48 horas después, el tono de Trump fue muy distinto, pero es un error creer que el gobierno estadounidense ha cambiado en algo su percepción sobre la debilidad de Morena contra el narco, e incluso la convicción de que hay narcos ligados a los morenistas.

Fue precisamente en 2021 cuando más denuncias hubo de la operación de intereses oscuros en elecciones estatales a favor de Morena. Eso nunca se quiso atender en Palacio, y si tal actitud no cambia, difícilmente aquí y fuera habrán de creerle a Claudia.

Ayer se sintió un respiro nacional. Meritorio sin duda que la Presidenta lograra una posposición de los aranceles.

Entregó a cambio un compromiso en seguridad que si no es genuino, paradójicamente habrá de cimentar la idea de que el gobierno no puede tocar a los grandes criminales, cuya operación es imposible sin complicidades de políticos en altos cargos, del anterior sexenio y de éste, en estados y en la Federación. En un mes.