La Fiscalía se opone a que la amnistía anule la condena por corrupción de Laura Borràs
La teniente fiscal del Supremo pide a los jueces que rechacen el recurso de la expresidenta del Parlament contra su condena de cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos públicosArchivo - Laura Borràs pide al Supremo la amnistía a su condena por fraccionar contratos al vincularla con el procés La defensa de Laura Borràs, expresidenta del Parlament catalán y de Junts, ha pedido este martes al Supremo que anule o al menos rebaje su condena de cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos de forma ilegal. Una comparecencia en la que su letrado, Gonzalo Boye, ha pedido al tribunal que perdone sus delitos al amparo de la ley de amnistía. La teniente fiscal del Supremo, que ha representado a la Fiscalía en la vista, ha ratificado su criterio: que su condena sea confirmada y que no se le pueda aplicar la ley de perdón de los delitos del procés. Laura Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) desde 2013 hasta 2018 antes de dar el salto a la política para ser Consellera de Cultura con Quim Torra y después presidenta del Parlament y líder de Junts, este último cargo hasta octubre del año pasado. El Tribunal Superior de Justicia catalán declaró probado que poco después de ponerse al frente de la ILC puso en marcha el proyecto de una página web que encargó a un conocido suyo: Isaías Herrero. Un encargo que, según los jueces, se saltó cualquier procedimiento administrativo y adjudicó de facto el contrato de forma verbal y después a través de contratos ilegalmente fraccionados ante las advertencias de los funcionarios. El organismo, siguiendo las instrucciones y designios de Borràs, le adjudicó un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.000 euros incluyendo el IVA, aunque no constara un sobreprecio en esos pagos. Borràs fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación y cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental, condena que implicará su entrada obligatoria en prisión en caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo a la espera de un posible indulto parcial. Herrero fue sancionado con dos años de prisión y Andreu Pujol, uno de los subcontratistas que hizo facturas y presupuestos falsos, un año y dos meses de presidio. En un voto particular, una de las magistradas del tribunal catalán apostaba por reducir su condena a menos de dos años de prisión mientras el tribunal planteaba, incluso, un posible indulto parcial. Su letrado, Gonzalo Boye, ha explicado ante la Sala de lo Penal que esos documentos cuya falsedad se atribuye a Borràs “son mendaces, no falsos penalmente” y se ha apoyado en el voto particular de la magistrada discrepante para solicitar que, al menos, su condena de cárcel sea reducida. “El voto particular está muy bien desarrollado sobre por qué aquí no se da el delito de falsedad”, ha dicho el abogado defensor de Borràs. Su condena de cárcel, entiende, no es proporcionada y “excede de lo que resulta razonable y justo”. Además, ha destacado, no existió “ningún perjuicio para las arcas públicas”. El abogado también ha ratificado el escrito en el que pide que estos delitos, en cualquier caso, sean perdonados por la ley de amnistía que afecta a los ilícitos relacionados con el procés catalán. “Conocemos el criterio de la Sala Segunda respecto a la misma”, ha dicho Boye sobre las múltiples resoluciones del Supremo sobre la amnistía, incluyendo la cuestión de inconstitucionalidad que han presentado contra la misma en el Constitucional. “Solicitamos una sentencia que lleven a una mayor justicia”, ha concluido. La Fiscalía ha estado representada por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que ha ratificado su escrito de oposición al recurso: tanto a que su condena se vea reducida como a que se le aplique la ley de amnistía, aunque no ha aludido expresamente a este último punto.
La teniente fiscal del Supremo pide a los jueces que rechacen el recurso de la expresidenta del Parlament contra su condena de cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos públicos
Archivo - Laura Borràs pide al Supremo la amnistía a su condena por fraccionar contratos al vincularla con el procés
La defensa de Laura Borràs, expresidenta del Parlament catalán y de Junts, ha pedido este martes al Supremo que anule o al menos rebaje su condena de cuatro años y medio de cárcel por fraccionar contratos de forma ilegal. Una comparecencia en la que su letrado, Gonzalo Boye, ha pedido al tribunal que perdone sus delitos al amparo de la ley de amnistía. La teniente fiscal del Supremo, que ha representado a la Fiscalía en la vista, ha ratificado su criterio: que su condena sea confirmada y que no se le pueda aplicar la ley de perdón de los delitos del procés.
Laura Borràs estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) desde 2013 hasta 2018 antes de dar el salto a la política para ser Consellera de Cultura con Quim Torra y después presidenta del Parlament y líder de Junts, este último cargo hasta octubre del año pasado.
El Tribunal Superior de Justicia catalán declaró probado que poco después de ponerse al frente de la ILC puso en marcha el proyecto de una página web que encargó a un conocido suyo: Isaías Herrero. Un encargo que, según los jueces, se saltó cualquier procedimiento administrativo y adjudicó de facto el contrato de forma verbal y después a través de contratos ilegalmente fraccionados ante las advertencias de los funcionarios. El organismo, siguiendo las instrucciones y designios de Borràs, le adjudicó un total de 18 contratos menores por un valor total de 335.000 euros incluyendo el IVA, aunque no constara un sobreprecio en esos pagos.
Borràs fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación y cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental, condena que implicará su entrada obligatoria en prisión en caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo a la espera de un posible indulto parcial. Herrero fue sancionado con dos años de prisión y Andreu Pujol, uno de los subcontratistas que hizo facturas y presupuestos falsos, un año y dos meses de presidio. En un voto particular, una de las magistradas del tribunal catalán apostaba por reducir su condena a menos de dos años de prisión mientras el tribunal planteaba, incluso, un posible indulto parcial.
Su letrado, Gonzalo Boye, ha explicado ante la Sala de lo Penal que esos documentos cuya falsedad se atribuye a Borràs “son mendaces, no falsos penalmente” y se ha apoyado en el voto particular de la magistrada discrepante para solicitar que, al menos, su condena de cárcel sea reducida. “El voto particular está muy bien desarrollado sobre por qué aquí no se da el delito de falsedad”, ha dicho el abogado defensor de Borràs. Su condena de cárcel, entiende, no es proporcionada y “excede de lo que resulta razonable y justo”. Además, ha destacado, no existió “ningún perjuicio para las arcas públicas”.
El abogado también ha ratificado el escrito en el que pide que estos delitos, en cualquier caso, sean perdonados por la ley de amnistía que afecta a los ilícitos relacionados con el procés catalán. “Conocemos el criterio de la Sala Segunda respecto a la misma”, ha dicho Boye sobre las múltiples resoluciones del Supremo sobre la amnistía, incluyendo la cuestión de inconstitucionalidad que han presentado contra la misma en el Constitucional. “Solicitamos una sentencia que lleven a una mayor justicia”, ha concluido.
La Fiscalía ha estado representada por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que ha ratificado su escrito de oposición al recurso: tanto a que su condena se vea reducida como a que se le aplique la ley de amnistía, aunque no ha aludido expresamente a este último punto.
