Consumo denuncia el 'ecopostureo': el 60% de los productos que se anuncian como 'verdes' no pueden justificarlo
El 42% de las afirmaciones ambientales que hacen las empresas son cuestionables, mientras que el 58% de los productos y servicios que se ofertan como respetuosos con el medio ambiente carecen de la información necesaria para ser verificados; es decir, seis de cada diez productos. Los datos son del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que de un tiempo a esta parte ha redoblado esfuerzos contra el llamado ' greenwashing ' o 'ecopostureo', términos de nuevo cuño que refieren a una práctica comercial consistente en exagerar la naturaleza 'sostenible' de determinados productos o servicios o, directamente, hacer pasar como tales los que no lo son. El tema está de moda, entre otras cosas porque hoy en día ya casi resulta difícil encontrar una gran empresa que no publicite su supuesto compromiso ecologista. Según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas webs, tiendas online o anuncios llevan alegaciones medioambientales. Y hacer tal cosa es rentable, porque estos certificados influyen positivamente en las compras del 72% de los consumidores españoles, según una investigación del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible. Para atajar este problema, la Unión Europea está trabajando en dos directivas que el Gobierno prevé trasponer a la legislación española a través de la Ley de Consumo Sostenible, que se postula como una de las grandes iniciativas del ministro de Consumo Pablo Bustinduy, de la parte de Sumar del Gobierno. Se trata de una propuesta de reforma de las directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores frente a prácticas desleales, y de la creación de otra directiva relativa a la a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas, lo que en inglés se conoce como 'green claims'. Aprovechando la presentación en Bruselas de una guía que puso en marcha Consumo y cuyo objetivo es ofrecer información detallada de cómo identificar el 'greenwashing', hoy Bustinduy se ha vuelto a referir a este problema y a lo que ha hecho su Ministerio, destacando una acción contra veinte aerolíneas que puso en marcha en abril de 2024 en colaboración con la Comisión Europea. En ese momento se advirtió a esas compañías de los cambios que tenían que hacer para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, tras las sospechas por parte de Consumo de que habían incurrido en afirmaciones medioambientales no verificables. El Ministerio ha asegurado en una nota que está en diálogo con estas empresas y advierte de que en caso de que no resuelvan los problemas detectados, las autoridades de la Red CPC (una red de la UE) podrían adoptar nuevas medidas, incluidas sanciones económicas. Hay que recordar que el llamado 'ecopostureo' es una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y puede acarrear sanciones de hasta 100.000 euros , que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
El 42% de las afirmaciones ambientales que hacen las empresas son cuestionables, mientras que el 58% de los productos y servicios que se ofertan como respetuosos con el medio ambiente carecen de la información necesaria para ser verificados; es decir, seis de cada diez productos. Los datos son del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que de un tiempo a esta parte ha redoblado esfuerzos contra el llamado ' greenwashing ' o 'ecopostureo', términos de nuevo cuño que refieren a una práctica comercial consistente en exagerar la naturaleza 'sostenible' de determinados productos o servicios o, directamente, hacer pasar como tales los que no lo son. El tema está de moda, entre otras cosas porque hoy en día ya casi resulta difícil encontrar una gran empresa que no publicite su supuesto compromiso ecologista. Según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas webs, tiendas online o anuncios llevan alegaciones medioambientales. Y hacer tal cosa es rentable, porque estos certificados influyen positivamente en las compras del 72% de los consumidores españoles, según una investigación del Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible. Para atajar este problema, la Unión Europea está trabajando en dos directivas que el Gobierno prevé trasponer a la legislación española a través de la Ley de Consumo Sostenible, que se postula como una de las grandes iniciativas del ministro de Consumo Pablo Bustinduy, de la parte de Sumar del Gobierno. Se trata de una propuesta de reforma de las directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores frente a prácticas desleales, y de la creación de otra directiva relativa a la a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas, lo que en inglés se conoce como 'green claims'. Aprovechando la presentación en Bruselas de una guía que puso en marcha Consumo y cuyo objetivo es ofrecer información detallada de cómo identificar el 'greenwashing', hoy Bustinduy se ha vuelto a referir a este problema y a lo que ha hecho su Ministerio, destacando una acción contra veinte aerolíneas que puso en marcha en abril de 2024 en colaboración con la Comisión Europea. En ese momento se advirtió a esas compañías de los cambios que tenían que hacer para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, tras las sospechas por parte de Consumo de que habían incurrido en afirmaciones medioambientales no verificables. El Ministerio ha asegurado en una nota que está en diálogo con estas empresas y advierte de que en caso de que no resuelvan los problemas detectados, las autoridades de la Red CPC (una red de la UE) podrían adoptar nuevas medidas, incluidas sanciones económicas. Hay que recordar que el llamado 'ecopostureo' es una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y puede acarrear sanciones de hasta 100.000 euros , que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
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