Cierre clave en Defensa al Consumidor: alertan que se generarán más costos
El Gobierno disolvió un organismo que facilitaba las mediaciones entre los consumidores y las empresas a las que dirigían sus reclamos. Los posibles efectos sobre los usuarios y los cambios en los costos.
El Gobierno decidió disolver el Servicio de Conciliación Previa de Relaciones de Consumo (COPREC), que implicaba una mediación entre los consumidores y las empresas antes de llegar a una instancia judicial.
Entre los argumentos del Gobierno, señalaron que implicó en 10 años un gasto de $6.500 millones en honorarios de conciliadores y gastos operativos. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que en ese período se resolvieron 4.350 reclamos, mientras que en el comunicado de la Secretaría de Industria y Comercio indica que se resolvieron en 2024 más de 30.000, equivalente al 28% de los 108.762 de los reclamos ingresados.
Según el ex director de Defensa del Consumidor, Sebastián Barocelli, y el abogado especialista en defensa del consumidor Diego Proietti, los datos de Sturzenegger son incorrectos.
Solo en 2021, los reclamos canalizados por COPREC sumaron 207.441, según datos de la exSecretaría de Comercio Interior, mientras que en 2020 habían ascendido a 101.758.
Además, aclararon que el costo del COPREC era financiado a través de las resoluciones: el organismo obtenía el 2% de lo obtenido en las conciliaciones, que se destinada a los gastos generales y pagos de los abogados que oficiaban de mediadores.
Si bien el Gobierno asegura que no implica un perjuicio para los consumidores, los especialistas consultados aseguran que va a haber un deterioro en los procedimientos.
Por un lado, Barocelli explicó que al eliminarse esta instancia, pasarán todas las gestiones a hacerse en los organismos municipales y provinciales. Estos son íntegramente financiados por los Estados y no por las empresas, como el COPREC.
Además, aumentaría el costo para el consumidor que, en caso de no alcanzar un acuerdo, deberá pedir una instancia de conciliación previa a la judicial, la cual debe ser paga.
Cabe recordar que antes de ir a una instancia judicial, la mediación sigue siendo obligatoria.
Barocelli agregó que "muchas autoridades locales tiene procedimientos presenciales, en papel, lo que dificulta a los consumidores que no tienen una autoridad de aplicación en su jurisdicción".
Proietti explicó que también aumentará el costo para las empresas, que deberán enviar un abogado a la jurisdicción donde se haga el reclamo y, de ausentarse, enfrentarán una multa.
La mayoría de los reclamos eran por incumplimientos de bancos, seguros, agencias de viaje, telefonía, cable, internet y electrodomésticos.
El abogado, también fundador de la cuenta @DrConsumidorArg, analizó que la decisión se vincula con el reciente fallo Levinas que habilita a la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires a apelar sentencias de una Cámara Nacional.
Según Proietti, la disolución del COPREC fortalece la instancia de intervención de la justicia local ya que su sistema de mediación le permite remitirse a ese foro.